La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila denuncia que se han producido dos nuevos ataques de lobo en los últimos días, uno de ellos en una explotación ganadera de Tornadizos, a apenas once kilómetros de la capital, y otro en otra explotación ubicada en Hoyocasero. El aumento en el número de ataques de lobo, que cada vez presionan más a la cabaña ganadera, ha generado inquietud entre los ganaderos.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila denuncia que se han producido dos nuevos ataques de lobo en los últimos días, uno de ellos en una explotación ganadera de Tornadizos, a apenas once kilómetros de la capital, y otro en otra explotación ubicada en Hoyocasero. El aumento en el número de ataques de lobo, que cada vez presionan más a la cabaña ganadera, ha generado inquietud entre los ganaderos.
Según ha podido conocer ASAJA, a finales de la semana pasada se produjo un nuevo ataque de lobos en la finca Arropino, situada a apenas once kilómetros de la capital abulense, en el término municipal de Tornadizos. El propietario de esta ganadería ha sufrido este año 16 ataques de lobo, en los que ha perdido otros tantos animales. Pese a que ha presentado la solicitud de indemnización y los primeros ataques los sufrió a principios de este año, el ganadero aún no ha cobrado un solo euro de la Junta de Castilla y León.
El segundo ataque se produjo en la noche del sábado al domingo en una explotación ganadera de Hoyocasero donde también han atacado los lobos en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de octubre.
Una vez más, ASAJA reitera la necesidad de que la Junta de Castilla y León asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto para controlar la población de lobo en nuestra provincia, que ha aumentado, a juzgar por el incremento de los ataques y la expansión del territorio de caza de los cánidos.
Para la organización agraria, es necesario que el Gobierno regional adopte de inmediato medidas que protejan al ganadero de la acción de la fauna silvestre. Asimismo, desde ASAJA se reclama diligencia y rapidez tanto en la tramitación de las indemnizaciones por los ataques como en su abono, que tarda meses, cuando no años, en pagarse a los afectados, lo que conlleva graves perjuicios económicos para los ganaderos.
