Si todos asumimos que las reglas del juego deben de ser las mismas para quienes nos dedicamos a producir alimentos, debemos de poner los mecanismos para que efectivamente esa cuestión se cumpla, porque por ahora no es así.
José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
La unidad de mercado es un concepto sobre el que se ha configurado la política agraria comunitaria y eje por tanto de la reforma adoptada en el mes de junio que se plasmará en breve en los correspondientes reglamentos. Este concepto quiere decir que los productos agrarios han de circular libremente por los 28 países de la Unión y que no se pueden hacer trampas para que unos agricultores tengan más ventajas competitivas que otros más allá de lo que es la forma como cada uno gestione sus recursos. Si todos asumimos que las reglas del juego deben de ser las mismas para quienes nos dedicamos a producir alimentos, debemos de poner los mecanismos para que efectivamente esa cuestión se cumpla, porque por ahora no es así. No es asumible que unos agricultores tengan la obligación de cotizar a la Seguridad Social y que otros no, porque eso supone para los primeros una desventaja competitiva de más de 3.000 euros al año, ni es asumible que haya agriculturas que no se declaren ante la Agencia Tributaria, como no es defendible tampoco que pueda haber dos explotaciones colindantes con asalariados y en una estén declarados mientras en la otra no. Por eso, cuando la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, respaldada por todas las organizaciones agrarias, ha ido a Madrid a defender que la agricultura activa sea la que se ejerce por quienes están en regla y cotizan a la Seguridad Social, lo que ha hecho es apostar por un modelo profesional, apostar por la unidad de mercado poniendo un punto de partida igual para todos. A los mismos derechos las mismas obligaciones, es una máxima que no parece que requiera muchas explicaciones, pero al parecer algunos dirigentes agrarios, de esta casa y de otras, y sobre todo muchos dirigentes políticos, no la entienden cuando se trata de legislar para una distribución más justa de los fondos públicos, en este caso europeos.
Y esa unidad de mercado, con condiciones iguales para todos, justifica que hay que ayudar más a quienes más lo necesitan. Por eso desde ASAJA de Castilla y León queremos que se mejoren los apoyos a los jóvenes, que se den ayudas directa a los sectores menos beneficiados por esta nueva PAC, que se incremente el valor de los derechos en las zonas con limitaciones naturales que ocupan toda la periferia de Castilla y León, y que en el nuevo periodo haya una apuesta clara y decidida para la modernización del campo. Para esa unidad de mercado en condiciones homologables necesitamos buenas infraestructuras, regadíos modernizados, renovar periódicamente nuestro parque de maquinaria, invertir en estructuras de comercialización y favorecer el relevo generacional. Para esto hace falta una sólida partida de fondos destinados al desarrollo rural que cuente con la cofinanciación del Estado y de la Junta y que se ejecute íntegramente en los próximos seis años.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el futuro del campo en los próximos años. Espero que quienes las tomen sean honrados, capaces, valientes, que no les muevan otros intereses que los de buscar el bien general del campo, y que tomen decisiones pudiendo mirar a los ojos de las familias que viven en los pueblos y sacan la agricultura de este país adelante, las que tienen callos en las manos y las tiene fichadas la Seguridad Social.
