Ante la reciente aprobación por parte de Cataluña de la impuesto sobre el azúcar, desde ASAJA pedimos que se marquen unos límites mínimos para que algo tan básico como los alimentos queden fuera de tasas y previsibles ‘guerras’ autonómicas.
Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León
Desde hace pocos días, en Cataluña han adelantado por la derecha a Cristóbal Montoro y aplican el impuesto sobre bebidas azucaradas. Desde hace tiempo el ministerio amenaza con cargar al consumidor –y de paso a la industria y por supuesto al eslabón inicial, que es el cultivador de remolacha– con esta nueva tasa, que finalmente no se incluyó en los presupuestos generales de este 2017. Claro está que, como hemos advertido desde ASAJA, esto no quiere decir que desaparezca el proyecto del Ejecutivo de Mariano Rajoy de imponer una tasa al azúcar. Tanto es así que Hacienda sí ha tenido en cuenta este futuro impuesto para el cálculo de ingresos, que ha cifrado en 200 millones de euros anuales.
Lo primero, reitero mi desconfianza a que esta tasa modifique y mejore los hábitos alimenticios de los españoles, tarea mucho más compleja. Una vez más, amparándose en que van a proteger nuestra salud, las administraciones tratan de sanear sus cuentas a costa de nuevos tributos. Solo así se explica que el ‘general’ de esta campaña sea el ministro de Hacienda, y no la titular de Sanidad. ¿Pero no se trataba de nuestra salud?
Voy a centrarme en la curiosidad de que sea una comunidad autónoma, Cataluña en este caso, la que dé un paso adelante y aplique por su cuenta el impuesto. Cierto es que en este galimatías del Estado, con 17 regiones con sus 17 gobiernos y sus 17 consejeros de Hacienda, está permitido que cada autonomía recaude tributos propios, como por ejemplo en los hidrocarburos. Pero el caso del ‘impuesto dulce’ es muy diferente. Está vinculado a un alimento, como es el azúcar, y en consecuencia al cultivo de la remolacha, de la que por cierto Castilla y León aporta el 80 por ciento de la producción nacional. La remolacha está presente en más de 4.000 explotaciones agrarias de la Comunidad, y a mayores genera unos 1.500 empleos, vinculados al tratamiento y fabricación de azúcar.
Posiblemente al gobierno catalán le importen bien poco el futuro de esas 6.000 familias de esas tierras lejanas castellanas y leonesas, pero a nosotros nos importan, y mucho, sobre todo porque aquí lo que falta es población, y sin trabajo no se puede vivir en esta tierra, aunque sea preciosa y como dicen los anuncios estemos muy orgullosos de ella. Además, por la misma regla de tres, mañana podríamos pedir a Pilar del Olmo que pusiera un impuesto extra al cava y al fuet, porque encima aquí hay espumosos y salchichones y podemos apañarnos muy bien sin esos productos. En fin, que aunque dudo que estos políticos se pongan de acuerdo en algo, desde ASAJA pedimos que se marquen unos límites mínimos para que algo tan básico como los alimentos queden fuera de tasas y previsibles ‘guerras’ autonómicas.
* Artículo publicado el lunes 8 de mayo en el suplemento Mundo Agrario de El Mundo de Castilla y León.
