El sector agrario de Castilla y León está empezando a reaccionar ante la falta de política agraria del nuevo Gobierno, y ante la falta de respuesta a los muchos problemas, unos heredados y otros nuevos, que envuelven esta profesión.
El sector agrario de Castilla y León está empezando a reaccionar ante la falta de política agraria del nuevo Gobierno, y ante la falta de respuesta a los muchos problemas, unos heredados y otros nuevos, que envuelven esta profesión. Me estoy refiriendo no ya sólo a la gran manifestación celebrada en Valladolid hace unos días, sino también a un sentimiento generalizado entre los hombres y mujeres del campo de que éstos del talante tampoco van a ser los que se acuerden de nosotros. Y mucho me temo que pasados unos pocos meses, no más allá de finales de año, habrá una sensación de rechazo similar a la que hubo con todos los gobiernos de Felipe González. Y es una pena, porque en el campo ya no se es de derechas por definición, y cada vez hay más agricultores y ganaderos con ideas plurales dispuestos a apostar por la alternancia, y dispuestos también a votar anteponiendo los intereses económicos a los dictados del corazón y la ideología.
Antes de finales de año, el Gobierno socialista tendrá que retomar y dar una solución definitiva al problema de la Seguridad Social Agraria, y si no es así, conseguirá tener abierto un nuevo frente con quienes no quieren seguir estando ilegales y con quienes no quieren seguir condenados a percibir el día de mañana las pensiones más bajas del sistema. Mucho nos tememos, no obstante, que los cambios en la Seguridad Social sean para hacer desaparecer el régimen de cuenta ajena, y sigamos como estamos con el de cuenta propia o nos pasen a autónomos.
En los próximos meses el Gobierno tendrá que decidir si se pone de parte de los agricultores profesionales a la hora de decidir cómo se aplica la reforma de la PAC o si por el contrario se pone del lado de los que piden el desacoplamiento parcial por razones de ideología, o los que lo piden por razones de bolsillo como son los comerciantes de abonos, de semillas, de maquinaria, o las propias cooperativas del campo. En esta ocasión como en ninguna otra quedará de manifiesto si gobiernan para los hombres y mujeres del campo o si gobiernan para los intereses de las grandes multinacionales de los medios de producción agroalimentarios. Y si el Gobierno nos castiga con lo peor de la reforma de la PAC y no nos permite ser beneficiarios de algunas de sus ventajas, después que no se extrañen si echamos pestes del partido político que sustenta a los que toman las decisiones.
En la política de regadíos no tiene nombre lo que el PSOE le está dejando decir y hacer a la ministra Narbona y a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Helena Caballero. Desmantelan los proyectos de nuevos regadíos, los de las obras hidráulicas –algunas ya en construcción–, y por el contrario asumen en su totalidad y no están dispuestos a modificar ni una coma de la nefasta fórmula de financiación de la modernización de los regadíos que heredaron del PP y que el sector ya ha rechazado en esta región desde el mismo momento en el que se constituyó la empresa pública Seiasa. Lo bueno lo quitan y lo malo nos lo siguen metiendo por los ojos.
Podemos terminar hartos de PSOE si ahora los inmigrantes que hemos cobijado en nuestras explotaciones, dándoles sueldo y techo que no tenían, se pueden permitir el lujo de denunciarnos para conseguir así unos papeles que nosotros siempre hemos pedido para ellos y hemos luchado para que los tuviesen.
Y si se entendió en parte el fracaso de las negociaciones del algodón, tabaco y aceite de oliva porque acababan de tomar las riendas del Ministerio, le llegará la prueba de fuego con la reforma del sector remolachero azucarero, que amenaza con ser la más radical de cuantas se recuerdan. Un fracaso en esta negociación nos retrotraería a todos a hace más de tres lustros y veríamos por las esquinas el fantasma de Carlos Romero.
Todo esto y muchos más temas pendientes son asignaturas suficientes como para saber a finales de año si los muchachos que moran en el caserón de Atocha valen para esto de la política o si por el contrario nos han colocado, como tantas y tantas veces, a los que nadie quería en otra parte. Y si no valen, tantos meses pasen, tantos perdemos.
Antes de finales de año, el Gobierno socialista tendrá que retomar y dar una solución definitiva al problema de la Seguridad Social Agraria, y si no es así, conseguirá tener abierto un nuevo frente con quienes no quieren seguir estando ilegales y con quienes no quieren seguir condenados a percibir el día de mañana las pensiones más bajas del sistema. Mucho nos tememos, no obstante, que los cambios en la Seguridad Social sean para hacer desaparecer el régimen de cuenta ajena, y sigamos como estamos con el de cuenta propia o nos pasen a autónomos.
En los próximos meses el Gobierno tendrá que decidir si se pone de parte de los agricultores profesionales a la hora de decidir cómo se aplica la reforma de la PAC o si por el contrario se pone del lado de los que piden el desacoplamiento parcial por razones de ideología, o los que lo piden por razones de bolsillo como son los comerciantes de abonos, de semillas, de maquinaria, o las propias cooperativas del campo. En esta ocasión como en ninguna otra quedará de manifiesto si gobiernan para los hombres y mujeres del campo o si gobiernan para los intereses de las grandes multinacionales de los medios de producción agroalimentarios. Y si el Gobierno nos castiga con lo peor de la reforma de la PAC y no nos permite ser beneficiarios de algunas de sus ventajas, después que no se extrañen si echamos pestes del partido político que sustenta a los que toman las decisiones.
En la política de regadíos no tiene nombre lo que el PSOE le está dejando decir y hacer a la ministra Narbona y a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Helena Caballero. Desmantelan los proyectos de nuevos regadíos, los de las obras hidráulicas –algunas ya en construcción–, y por el contrario asumen en su totalidad y no están dispuestos a modificar ni una coma de la nefasta fórmula de financiación de la modernización de los regadíos que heredaron del PP y que el sector ya ha rechazado en esta región desde el mismo momento en el que se constituyó la empresa pública Seiasa. Lo bueno lo quitan y lo malo nos lo siguen metiendo por los ojos.
Podemos terminar hartos de PSOE si ahora los inmigrantes que hemos cobijado en nuestras explotaciones, dándoles sueldo y techo que no tenían, se pueden permitir el lujo de denunciarnos para conseguir así unos papeles que nosotros siempre hemos pedido para ellos y hemos luchado para que los tuviesen.
Y si se entendió en parte el fracaso de las negociaciones del algodón, tabaco y aceite de oliva porque acababan de tomar las riendas del Ministerio, le llegará la prueba de fuego con la reforma del sector remolachero azucarero, que amenaza con ser la más radical de cuantas se recuerdan. Un fracaso en esta negociación nos retrotraería a todos a hace más de tres lustros y veríamos por las esquinas el fantasma de Carlos Romero.
Todo esto y muchos más temas pendientes son asignaturas suficientes como para saber a finales de año si los muchachos que moran en el caserón de Atocha valen para esto de la política o si por el contrario nos han colocado, como tantas y tantas veces, a los que nadie quería en otra parte. Y si no valen, tantos meses pasen, tantos perdemos.
