Lo cierto es que la declaración de nuestro territorio en esta figura de protección ambiental se ha hecho sin el conocimiento ni la participación de los ciudadanos, de sus asociaciones, ni tan siquiera de las administraciones que le son más próximas.
Una amplia superficie de nuestro territorio en Castilla y León, en concreto más de una cuarta parte, está incluida en la Red Natura 2000 bien como lugar de interés comunitario o como zona de especial protección de aves, clasificación que se hizo en su día respondiendo a criterios puramente técnicos. Lo cierto es que la declaración de nuestro territorio en esta figura de protección ambiental se ha hecho sin el conocimiento ni la participación de los ciudadanos, de sus asociaciones, ni tan siquiera de las administraciones que le son más próximas. Se ha hecho por “decretazo”, sin dar a nadie la oportunidad de cuestionar el buen saber o criterio del funcionario encargado.
Esta queja se le ha hecho llegar en no pocas ocasiones, desde ASAJA, a los diferentes consejeros y consejeras que se han ocupado en el Gobierno regional de la cartera del medio ambiente, y siempre han recurrido a la legislación comunitaria para echar responsabilidades fuera. También nos hemos quejado de una figura de protección que en principio supone obstáculos a las prácticas productivas, a las infraestructuras y particularmente a las de regadío, y que por el contrario no reportaba beneficio alguno a los propietarios de tierras afectadas ni a los agricultores y ganaderos que ocupan ese territorio. Con el pretexto de la Red Natura se cerró la oportunidad de ver sus fincas en regadío a los agricultores del entorno de Villafáfila (Zamora), se cuestionan embalses, concentraciones parcelarias, ganaderías intensivas, y todo lo que se le ocurra a conservacionistas o ciertos funcionarios que se pasan el día poniendo trabas, muchas veces absurdas, al progreso y al desarrollo.
La Unión Europea tiene un viejo compromiso de dotar de financiación las políticas relacionadas con estas figuras de protección, y así se ha vuelto a poner encima de la mesa con motivo del nuevo programa de desarrollo rural para el periodo 2007 al 2013. Estamos hablando, dada la amplia extensión de territorio afectada, de un importante esfuerzo financiero que en un principio, y a groso modo, se calcula en 6.100 millones de euros para la Europa de 25. Y la pregunta no se hace esperar: ¿de dónde van a salir estos fondos? La respuesta y solución sensata sería del cajón común de la Unión, como partida nueva y específica, financiando con los impuestos de todos el coste de la mejora medioambiental que también todos vamos a disfrutar.
Pero lo grave es que mientras abrimos nuevos conceptos de gasto, se plantea por parte de ciertos estados miembros la conveniencia, su conveniencia, de reducir la aportación en ayudas al sector agrario del 1,24% del producto nacional bruto, a tan sólo el 1%, y todo cuanto tenemos recién incorporados 10 nuevos países receptores de fondos y otros dos o tres esperan a la puerta. Con este panorama, mucho nos tememos que una vez más Europa practique la política de multiplicar los panes y los peces, y con lo mismo, mejor dicho con menos, repartir entre más y entre más conceptos. El Consejo de octubre de 2002 estableció hasta el periodo 2013 los compromisos financieros en materia de agricultura respecto al primer pilar de la PAC. Pero esta seguridad financiera, que nunca será segura en el cien por cien, no está rubricada para la política de desarrollo rural. Y este es un asunto importante no ya sólo porque sea un concepto de moda y que suena bien, sino porque bajo el paraguas del desarrollo rural llegan los fondos para las ayudas agroambientales, jubilaciones anticipadas agrarias, forestación de tierras, modernización de explotaciones, o indemnizaciones a zonas desfavorecidas. Y ahora, quieren que de este cajón salgan también los fondos para la Red Natura.
En los próximos meses se llenará la boca de nuestros políticos con lo del desarrollo rural. Pero la única verdad es que los países más influyentes de la Unión, esos que ahora son amigos de España, no quieren poner dinero para el campo y están apostando por reducir el presupuesto agrícola al 1% del PNB, a la vez que están creando nuevas áreas de gasto, por lo que toca repartir de la ya menguada tarta reservada a los agricultores y ganaderos.
Después de la reforma de la PAC, de las reformas de las OCM del aceite o el algodón, y de la del azúcar que está ahora encima de la mesa, viene una negociación muy importante que también se va a librar a cara de perro en Bruselas: la de los fondos de desarrollo rural. De nuevo nuestro Gobierno se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba su talante, su capacidad de negociación, de conseguir aliados, y su compromiso con el sector agropecuario español. Los fondos para el desarrollo rural, y particularmente algunos de los programas del mismo, son fundamentales para que agricultores y ganaderos puedan compensar la caída de rentas por la nueva PAC en la que se congelan las ayudas, se liberalizan los mercados, y se elevan los costes por más exigencias en materia de bienestar animal y medio ambiente. Los programas de desarrollo rural tienen que servir también para dar garantías de futuro a los jóvenes a la vez que consolidad empresas agrarias viables y competitivas. Si esta oportunidad se pasa, en el 2014 será demasiado tarde para todos.
