Con el desacoplamiento total de las ayudas podremos realizar planificar nuestras explotaciones de un modo empresarial. Nuestra máxima inquietud en este momento es que se despeje la incertidumbre del cambio de una normativa a otra.
Los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería de Castilla y León siempre hemos tenido como bandera que si algo tiene de bueno nuestra profesión es la de ser libres. Desgraciadamente, desde la entrada en vigor de la PAC poco a poco hemos ido perdiendo esa libertad, motivo por el que desde ASAJA hemos criticado repetidamente la cada vez más limitada capacidad de tomar decisiones empresariales en nuestras explotaciones
La crítica también ha ido en todo momento en contra del oscilante y continuo cambio de políticas marcado desde las altas instancias de la Unión Europea. Hemos tenido la dificultad de no poder acometer en nuestras explotaciones iniciativas que necesitaban tiempo para cuajar y cuya rentabilidad sólo podía garantizarse a medio plazo.
Nos han ido cambiando las distintas políticas agrarias comunitarias a conveniencia de quien se encontrara en esos momentos apoltronado en los sillones de la UE. En los últimos tiempos esta persona ha sido el comisario Franz Fischler quien, de acuerdo con los gobiernos de los quince y principalmente por razones presupuestarias e influidos por las condiciones medioambientales y de desarrollo rural, nos han ido quitando presupuesto en materia agrícola y desviándolo a otros sectores que no nos benefician. Bruselas, reforma tras reforma, ha ido aumentando la burocracia y las exigencias medioambientales, y, a la postre, perjudicando los intereses económicos del sector y poniendo trabas al buen hacer y tradicionales prácticas agrícolas y ganaderas.
De sobra conocéis como lectores de Campo Regional y socios y amigos de ASAJA de Castilla y León la oposición frontal que esta organización ha mantenido a la reforma de la Agenda 2000. Vuelve el comisario de Agricultura a meter la mano en el bolso de los agricultores, vuelve a imponer impuestos al campo, con medidas como la modulación, degresividad o posibles correcciones financieras. Volvemos a tener unos productos agrarios a un precio ridículo cuando el consumidor los tiene que pagar a un precio desmesurado y, encima, los pagos compensatorios por la pérdida de renta van a sufrir las reducciones mencionadas.
Tampoco veíamos con buenos ojos el desacoplamiento de las ayudas y tampoco estábamos de acuerdo con las fechas de aplicación de esta reforma. Pero los jefes de gobierno han aprobado este año por sus intereses propios –y no por los nuestros–, la mencionada reforma, y ante tal situación los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los socios, amigos y simpatizantes de ASAJA y por lo tanto ASAJA de Castilla y León, quiere la libertad para el sector agrícola y ganadero.
Y eso se traduce en un desacoplamiento total de las ayudas. En poder realizar en nuestras explotaciones aquellas prácticas agrícolas y tomar las decisiones de los porcentajes de siembra y de los cultivos a sembrar que más interés económico produzcan en nuestras explotaciones.
No queremos estar sujetos como ahora a unos porcentajes de siembra o de retirada de cultivos que muchos años son imposibles de cumplir y antieconómicos. No queremos tener por obligación una cabaña ganadera que no sea productiva por el mero hecho de tener que atender a una serie de preceptos exigidos por la administración. Desde ASAJA hemos solicitado a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y a nuestro presidente nacional, Pedro Barato, que queremos libertad para poder ejercer nuestra profesión con el único criterio de mejorar desde el punto de vista económico a nuestras explotaciones.
Y si importante es esto, desde luego nuestra máxima inquietud en este momento es que se despeje la incertidumbre del cambio de una normativa a otra, y que sepamos a qué atenernos y qué decisiones tomar; que nuestros jóvenes se puedan incorporar con la certeza de una política consolidada y que los mayores se puedan jubilar tomando la decisión más acertada y sin temor a equivocarse.
Para despejar todas estas incertidumbres, la aplicación de esta reforma debe producirse cuanto antes, es decir, en 2005. No puede permitirse el campo de Castilla y León un parón en la propia actividad y en el propio sector que perjudique gravemente no sólo al propio sector, sino a toda la economía de Castilla y León de manera indefinida.
Y exigimos a nuestra Comunidad Autónoma que se posicione cuanto antes en defensa del propio sector: es decir, claridad en las normativas, despejando las dudas sin burocracia y de manera rápida a quién le pertenecen los derechos que la UE ha otorgado, y dando toda la libertad al sector agrícola y ganadero de Castilla y León para que cultive aquellas fincas y aquello que desee con la mayor libertad, como se ha hecho en la agricultura y la ganadería desde siempre.
No le pongamos puertas al campo y dejemos que los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería de Castilla y León tomen las decisiones que más convenientes crean para sus explotaciones.
La crítica también ha ido en todo momento en contra del oscilante y continuo cambio de políticas marcado desde las altas instancias de la Unión Europea. Hemos tenido la dificultad de no poder acometer en nuestras explotaciones iniciativas que necesitaban tiempo para cuajar y cuya rentabilidad sólo podía garantizarse a medio plazo.
Nos han ido cambiando las distintas políticas agrarias comunitarias a conveniencia de quien se encontrara en esos momentos apoltronado en los sillones de la UE. En los últimos tiempos esta persona ha sido el comisario Franz Fischler quien, de acuerdo con los gobiernos de los quince y principalmente por razones presupuestarias e influidos por las condiciones medioambientales y de desarrollo rural, nos han ido quitando presupuesto en materia agrícola y desviándolo a otros sectores que no nos benefician. Bruselas, reforma tras reforma, ha ido aumentando la burocracia y las exigencias medioambientales, y, a la postre, perjudicando los intereses económicos del sector y poniendo trabas al buen hacer y tradicionales prácticas agrícolas y ganaderas.
De sobra conocéis como lectores de Campo Regional y socios y amigos de ASAJA de Castilla y León la oposición frontal que esta organización ha mantenido a la reforma de la Agenda 2000. Vuelve el comisario de Agricultura a meter la mano en el bolso de los agricultores, vuelve a imponer impuestos al campo, con medidas como la modulación, degresividad o posibles correcciones financieras. Volvemos a tener unos productos agrarios a un precio ridículo cuando el consumidor los tiene que pagar a un precio desmesurado y, encima, los pagos compensatorios por la pérdida de renta van a sufrir las reducciones mencionadas.
Tampoco veíamos con buenos ojos el desacoplamiento de las ayudas y tampoco estábamos de acuerdo con las fechas de aplicación de esta reforma. Pero los jefes de gobierno han aprobado este año por sus intereses propios –y no por los nuestros–, la mencionada reforma, y ante tal situación los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los socios, amigos y simpatizantes de ASAJA y por lo tanto ASAJA de Castilla y León, quiere la libertad para el sector agrícola y ganadero.
Y eso se traduce en un desacoplamiento total de las ayudas. En poder realizar en nuestras explotaciones aquellas prácticas agrícolas y tomar las decisiones de los porcentajes de siembra y de los cultivos a sembrar que más interés económico produzcan en nuestras explotaciones.
No queremos estar sujetos como ahora a unos porcentajes de siembra o de retirada de cultivos que muchos años son imposibles de cumplir y antieconómicos. No queremos tener por obligación una cabaña ganadera que no sea productiva por el mero hecho de tener que atender a una serie de preceptos exigidos por la administración. Desde ASAJA hemos solicitado a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y a nuestro presidente nacional, Pedro Barato, que queremos libertad para poder ejercer nuestra profesión con el único criterio de mejorar desde el punto de vista económico a nuestras explotaciones.
Y si importante es esto, desde luego nuestra máxima inquietud en este momento es que se despeje la incertidumbre del cambio de una normativa a otra, y que sepamos a qué atenernos y qué decisiones tomar; que nuestros jóvenes se puedan incorporar con la certeza de una política consolidada y que los mayores se puedan jubilar tomando la decisión más acertada y sin temor a equivocarse.
Para despejar todas estas incertidumbres, la aplicación de esta reforma debe producirse cuanto antes, es decir, en 2005. No puede permitirse el campo de Castilla y León un parón en la propia actividad y en el propio sector que perjudique gravemente no sólo al propio sector, sino a toda la economía de Castilla y León de manera indefinida.
Y exigimos a nuestra Comunidad Autónoma que se posicione cuanto antes en defensa del propio sector: es decir, claridad en las normativas, despejando las dudas sin burocracia y de manera rápida a quién le pertenecen los derechos que la UE ha otorgado, y dando toda la libertad al sector agrícola y ganadero de Castilla y León para que cultive aquellas fincas y aquello que desee con la mayor libertad, como se ha hecho en la agricultura y la ganadería desde siempre.
No le pongamos puertas al campo y dejemos que los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería de Castilla y León tomen las decisiones que más convenientes crean para sus explotaciones.
