El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, está dispuesto a enredar con esa idea suya de aprobar una Ley para medir la representatividad del sector agrario español.
José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, está dispuesto a enredar con esa idea suya de aprobar una Ley para medir la representatividad del sector agrario español. Una idea personal, personalísima, que pretende que haga suya un Gobierno surgido de una urnas, hace ahora poco más de un año, bajo las siglas de un partido político, el PP, que no llevaba tal propuesta en su programa electoral. No pretendo criticar la conveniencia de medir la representatividad del campo, pues desde ASAJA de Castilla y León hemos sido firmes defensores de ello y nos hemos sometido a cuatro procesos electorales para ese fin, el último el 2 de diciembre pasado. Lo que criticamos es la descoordinación entre administraciones en nuestro país, que lleva a que el proceso electoral que organizan las comunidades autónomas no le sirva al Estado y el que organice el Estado, si llega a organizarlo, no sea de aplicación en los territorios.
Es una cuestión de locos que se pretenda convocar a los agricultores a dos procesos electorales distintos para decidir sobre lo mismo, para decidir qué organización es la más representativa, en el marco de una interlocución de tercera categoría y de una consideración pésima de las organizaciones por parte de las estructuras del Estado. Es inaudito que Arias Cañete quiera mover ahora hasta los cimientos de la patria para legitimar en las urnas el papel de las organizaciones agrarias, cuando no hizo nada en la etapa de ministro de Aznar y cuando en la oposición votó con la mayoría del PSOE para aprobar una ley de representatividad en el 2009, que es la que tenemos vigente hasta hoy. Después de un periodo de más de treinta años, sin comicios desde que se celebraran aquellas elecciones agrarias bajo el gobierno de la UCD, ahora le entran las prisas a Arias Cañete y, en plena crisis, cuando no hay un euro ni para las papeletas electorales, y cuando hay otros asuntos más importantes de qué ocuparse, se pone a enredar con esto de la representatividad.
Si nos bajamos de los grandes principios que defendemos y entramos en los detalles del texto remitido por el señor ministro, el asunto suelta un tufo de cuidado. Se afirma que es bueno abrir la interlocución a más –cuando la mayoría pensamos que sobran organizaciones agrarias– y se da la misma capacidad para decidir sobre el futuro del campo a un agricultor profesional que paga su seguridad social, que a un agricultor a tiempo parcial que vive de otra actividad, o que a un jubilado que compatibiliza la pensión con labores agroganaderas. Es más, podría votar, según Arias Cañete, un perceptor de ayudas PAC con fincas sin cultivar dedicado a otras actividades. Y por si fuera poco, se podría votar hasta sin urnas.
Le admitimos a Arias Cañete que sea como todos los que le han precedido y que no nos tenga en cuenta para nada. Le admitimos que se equivoque llevando textos al Parlamento, como se equivocó en su día con la Ley de Arrendamientos. Le admitimos que cambie el programa del PP aunque el gesto chirríe a sus votantes. Podemos hasta no pedir su dimisión a pesar de haber dejado el ministerio sin presupuesto. Pero hay dos cosas que no se le pueden consentir: una mala negociación de la PAC –que va camino de ello–, y que sea él quien diga quién ha de representarnos.
