Con motivo de la celebración en el día de hoy de la sesión del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero, en el que se ha presentado un informe de seguimiento del primer año de desarrollo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Duero, ASAJA quiere recordar que dicho plan, aprobado por el RD 35/2023 y que entró en vigor el 11 de febrero de 2023, es una imposición del Gobierno de España, al no contar con la aprobación previa de la Junta de Castilla y León ni de los representantes de los regantes (organizaciones agrarias y comunidades de regantes) y ser por tanto rechazado mayoritariamente por el Consejo.

Siendo el año 2023 un año hidrológicamente muy difícil por motivo de la sequía climática y en determinados casos también la sequía hidrológica, el sector agrario ha demostrado responsabilidad en la gestión de este recurso, al consumir únicamente el agua estrictamente indispensable para sacar adelante los cultivos, y llevando a cabo prácticas agronómicas que no han perjudicado la calidad del recurso, como es el uso racional de los abonos y de los fitosanitarios.

ASAJA no comparte la decisión sobre caudales ecológicos más restrictivos que se impusieron en este Plan, ni que se haya cerrado la puerta a nuevos regadíos, condenando la agricultura a no crecer en los próximos años, como tampoco comparte que se haya prohibido que se establezcan nuevas ganaderías en zonas de acuíferos considerados en mal estado cuantitativo, cuando la ganadería representa una demanda de agua residual.

ASAJA pone también de manifiesto el escaso avance en las inversiones previstas en el Plan, y en particular las que tienen un cometido agrario, y denuncia que quedará una gran parte sin ejecutar porque no hay un compromiso por parte de otras administraciones públicas para incluirlo en sus presupuestos (se trata de un presupuesto voluntarista hecho sin el compromiso de las administraciones que gestionan esas inversiones, como Ministerio de Agricultura o Junta de Castilla y León). Recordamos que el programa de medidas del Plan alcanza los 2.265 millones de euros, de los cuales se han ejecutado en 2023 tan solo el 8,53%.

En otro asunto controvertido, como es la aplicación del principio de recuperación de costes, que contempla el Plan, ASAJA valora que el Gobierno no haya aprobado la  normativa  que permita subir el precio del agua. Los costes del agua en el sector agrario, en el año 2023, fueron de 421 millones de euros en costes financieros y de 218 millones de euros en  costes ambientales (estos establecidos con los criterios arbitrarios de la CHD), un total de 640 millones de euros, de los cuales se ha repercutido en los regantes el 55%, porcentaje este último muy próximo al 57% que se repercute en los gastos del agua de consumo humano.

En otro orden de cosas, ASAJA reitera su descontento por los tediosos trámites administrativos que soportan los agricultores y ganaderos en todas sus gestiones con esa administración con competencia en materia de agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y los insoportables tiempos que transcurren hasta que los expedientes son resueltos. La OPA denuncia la retención de muchas solicitudes presentadas durante el anterior plan hidrológico de cuenca que tras estar paralizadas años se han denegado masivamente a los pocos meses de aprobarse el nuevo plan hidrológico, al aplicarse las normas más restrictivas del mismo.

Esta lentitud administrativa frena la inversión tanto en agricultura y ganadería como en pequeñas agroindustrias, y con ello el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestros pueblos.