José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA de Castilla y León
El incremento que se experimentó en la superficie de remolacha el pasado año 2024 en distintas zonas de cultivo, particularmente en Castilla y León, fue un espejismo, justo lo que organizaciones como ASAJA nos temíamos. Han bastado unos meses de caída del precio del azúcar en los mercados internacionales para que el primer operador de nuestro país, AB Azucarera, del grupo British Sugar, corrija a la baja los contratos, haciendo con ello que el cultivo pierda cualquier tipo de atractivo. Si nos referimos a los contratos de “integración”, a esos que ellos llaman de “cultivo compartido”, que son los mayoritarios, en medias de producción de 80 toneladas hectárea, el pasado año se remuneraban con un mínimo de 1.750 euros por hectárea, cifra que se queda en uno 550 euros para el año 2025 y que significa una caída de ingresos del entorno del 70 por ciento. Literalmente, la ruina.
Si la cooperativa ACOR demuestra que únicamente va a reducir las condiciones en el entorno del 10 por ciento, como ha anunciado, entre un 10 y un 70 por ciento hay un margen tan exagerado que debe de hacer pensar y tomar decisiones a las autoridades agrarias, a la Junta de Castilla y León. Porque la principal ventaja con la que cuenta Azucarera es con el contrato agroambiental que tienen la mayoría de sus proveedores con la Consejería de Agricultura, que ata por cinco años, por lo que no pueden abandonar el cultivo sin atenerse a las consecuencias de devolver la ayuda percibida. Se aprovecha así el molturador de remolacha de una indefensión del productor, que tiene que sembrar la raíz sí o sí.
La otra fortaleza de Azucarera radica en las elevadas subvenciones que tiene este cultivo -unos 1.000 euros por hectárea para la mayoría de los productores en el año 2025-, una cifra que el grupo británico considera suficiente como margen de beneficio, por lo tanto entienden que el productor no necesita margen adicional en la resta entre costes y facturación de mercancía.
Y por si fuera poco, Azucarera también cuenta con la fortaleza de que la condicionalidad de la PAC y el eco régimen de rotación exigen disponer de más de un cultivo y, a estas alturas, cuando ya no es tiempo de sembrar trigo, la remolacha es de las pocas alternativas posibles. Porque, traicioneramente, no dieron antes las condiciones de contratación.
Así las cosas, se ha derrumbado una esperanza de los agricultores de regadío, la de tener un cultivo más complicado y arriesgado pero con posibilidad de incrementar los ingresos. Ahora queda ver en detalle la oferta envenenada de Azucarera y tomar cada uno sus propias decisiones, aunque el paso previo tiene que ser que la Consejería, como le ha pedido ASAJA, libere a los productores, por razones de causa mayor – derrumbe de los precios con venta a pérdidas-, y les permita rescindir los contratos agroambientales. Y si no lo aprueba, será cómplice.
