Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
Hace solo un año los agricultores y ganaderos estábamos cruzando calles y carreteras con nuestros tractores. En nuestra protesta defendíamos tres banderas: la rentabilidad de las explotaciones, una política agraria común bien financiada y productiva, y el buen nombre y dignidad de nuestra profesión.
Doce meses de pandemia después, el mundo de entonces y el de ahora no parecen ya el mismo. Pero en la memoria de los agricultores y ganaderos no se ha apagado la llama de aquellas protestas, porque los problemas siguen ahí. Por tanto, ahora que asoma la primavera y que las restricciones de movilidad se aligeran, es obligado que las organizaciones agrarias salgamos a la calle para defender a los agricultores y ganaderos con uñas y dientes.
Digo que los motivos son los mismos o peores que hace un año porque no solo no hemos avanzado en las reclamaciones que entonces hacíamos; por el contrario, la rentabilidad de muchos sectores ha retrocedido más, sobre todo de aquellos cuyas ventas están condicionadas por las limitaciones en hostelería y turismo. Los mínimos precios pagados a agricultores y ganaderos en nada se han notado en el bolsillo del consumidor ya que, con total desprecio a la tan traída y llevada Ley de cadena alimentaria, otros eslabones han incrementado sus ingresos, como prueba el excelente momento que está viviendo la distribución, y que es una auténtica bofetada en la cara del sector primario.
De la PAC, qué decir. Que los temores que en marzo de 2020 teníamos se han cumplido e incluso acrecentado. Ya es una realidad un recorte del 2 por ciento en los fondos, y el acceso a los importes PAC lo han enmarañado tanto entre convergencias, ecoesquemas y requisitos de todo tipo que a veces uno piensa si lo que en realidad no quieren es acabar con los agricultores, de puro desquiciamiento. Con todo, lo más grave es la prepotencia con la que la ideología se antepone al razonamiento y sobre todo a la realidad, la ideología de un lobby -hoy excelentemente defendido en primera persona por la ministra de Transición Ecológica- quiere imponer su criterio de lo que debe ser el mundo, aunque sea a costa de echarnos al resto de seres humanos de él. Y entre esos seres humanos los agricultores y ganaderos somos un blanco fácil, porque la mayoría de las personas viven ya en ciudades, y saben poco de lo que ocurre en los pueblos. Y tampoco conocen las leyes de la naturaleza, más allá de la visión edulcorada que les venden esos falsos protectores de la ecología, que nos quieren decir qué tenemos que sembrar, y cuántas vacas hay que poner en cada prado, como si estuvieran dibujándolas en la pantalla del ordenador.
La decisión de sobreproteger a un lobo que está en expansión ha sido la puntilla de este proceso que parece no tener límite, y que tiene entre sus objetivos acorralar a los ganaderos y a los agricultores, como profesionales libres, no como cuidadores de mascotas y jardineros.
Quizás lo único que recibimos de las manifestaciones de 2020 fue el respaldo sincero de buena parte de la opinión pública. Pero parece que ni en el Gobierno, ni en Europa, entendieron nada. Incluso ya han olvidado del importantísimo papel del campo, garantizando la alimentación de la población a lo largo de la pandemia.
No puede sorprender a nadie que la paciencia del sector esté a punto de explotar, y que vuelvan las protestas. Unos agricultores y ganaderos que, no lo olvidemos, no hemos hecho más que cumplir y adaptarnos con gran esfuerzo a las reglas que desde hace ya décadas marcan precisamente desde Bruselas y acata gustosamente ahora más que nunca el Gobierno de España.
