José Antonio Turrado. Secretario general ASAJA CyL
Cuando vivíamos en una situación de normalidad, se decía que en septiembre comenzaba el curso político, algo que a los agricultores y ganaderos no nos era indiferente, ya que no poca de la normativa que se aprueba nos afecta de una manera u otra. En la situación actual el curso político estará alterado y su planificación dará tantos trompicones como reveses aparezcan en el complicado proceso de controlar y extinguir la pandemia del coronavirus. Pero nada debería de impedir que el Estado apruebe sus Presupuestos Generales para 2021 después de dos años con presupuestos prorrogados, y que la Junta de Castilla y León haga también lo propio, en este caso con menos disculpa, ya que el ejecutivo tiene mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. De esos presupuestos generales depende la partida que se destina de fondos propios al campo –excluidos, pues los fondos de la Unión Europea-, y dependen las correspondientes actuaciones, algunas nuevas y otras continuaciones de las ya programadas y que se encuentran en ejecución.
El curso político arrancará con acercamientos entre el ministerio de Agricultura y las distintas consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas para definir la estrategia española sobre la nueva PAC, algo que no es cuestión menor, pues en esta nueva PAC los estados miembros tiene más margen de maniobra que nunca para desarrollar los reglamentos, así que está en juego saber qué sectores van a percibir ayuda, cuánta ayuda, bajo qué condicionantes, y sobre todo qué requisitos tendrá que reunir el futuro beneficiario. Es de esperar y desear que en esta compleja decisión se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones profesionales agrarias en sus respectivos ámbitos de actuación, y es de desear también que la decisión que se tome tenga en cuenta los equilibrios territoriales, la especificidad de los diferentes subsectores, y los diferentes modelos de explotaciones.
Sin duda, las actuaciones en el nuevo curso político no podrán dejar de lado a sectores más afectados por la crisis del COVID 19, a los que todavía no han llegado ayudas o no han llegado de manera suficiente. La crisis de consumo todavía no ha tocado fondo y un repunte de los contagios puede poner las cosas aún peor de lo que ya están, provocando desequilibrios entre la oferta y la demanda de los alimentos y, a consecuencia de ello, haciendo caer los precios en el primer eslabón de la cadena, la producción.
Reconducir de nuevo a una normalidad el funcionamiento de la administración agraria es una tarea que tiene que preocupar y ocupar al consejero de Agricultura y que se ha de enmarcar en un compromiso de todo el Gobierno para con toda la administración autonómica. Hoy el ciudadano encuentra puertas cerradas cuando se acerca a la administración, encuentra servicios clausurados o mal atendidos, servicios deficientes que son un freno al desarrollo económico, al emprendimiento… en definitiva, a la creación y consolidación del empleo. En un país en el que lo público tiene tanto peso y donde hay tanta legislación regulatoria, si la administración no funciona al ritmo adecuado todo lo demás se para, y eso el lo que está ocurriendo en la economía en general y en el sector agropecuario en particular.
Por último, el curso político tiene que notarse en la adjudicación de obra pública vinculada a las infraestructuras agrarias, donde lo que procede es adelantar plazos. En estos próximos meses también la consejería de Agricultura deberá de cumplir el compromiso de resolver los cientos de expedientes de modernización de explotación y de incorporación de jóvenes agricultores tramitados la pasada primavera, y sacar a tiempo una nueva convocatoria que ya está siendo demandada por un número importante de agricultores.
