Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León
Si algo ha tenido de positivo el sinsentido de la denuncia presentada por PACMA, que ha acarreado la suspensión judicial de la caza en Castilla y León, es que ha logrado agrupar con una única voz a los diferentes colectivos del medio rural. Gentes con intereses distintos, pero que conocen de primera mano lo que de verdad supone y aporta la caza a nuestra sociedad.
A las puertas de las Cortes, el pasado 13 de marzo, respondíamos muchos a la convocatoria de la Federación de Caza. Con todo, una pequeña parte de los afectados por esta irracional medida. No solo se trata de las más de cien mil personas que tienen cada temporada licencia en Castilla y León, o de los miles de agricultores y ganaderos a los que la proliferación de la fauna acarrea pérdidas y problemas sanitarios a sus explotaciones. También hay centenares de pequeños pueblos a los que el alquiler de sus cotos proporciona unos ingresos imprescindibles para arreglar caminos y mantener infraestructuras y servicios. Por no hablar de sectores como el turismo o la restauración, pendientes también del buen desarrollo de la temporada de caza.
Pero el caos en el control cinegético va más allá y afecta a la sostenibilidad del medio rural en su conjunto. En este plano se entiende la unanimidad con la que se han expresado desde colectivos muy diversos, como colegios de veterinarios, biólogos, forestales… El equilibrio de los ecosistemas y de la fauna que esos animalistas presumen de proteger, requiere del control de unas poblaciones de jabalíes, conejos o corzos, que hoy avanzan como nunca por un territorio cada vez más despoblado. Da miedo pensar hasta dónde llegarían estos animales sin ningún tipo de cortapisas, animales que por cierto no son de peluche, sino un riesgo real de propagación de enfermedades que atenta contra el principio perseguido desde la comunidad internacional de “una salud única”, que frene contagios entre fauna, ganado y seres humanos.
Mientras los manifestantes estábamos fuera, dentro de las Cortes la inmensa mayoría de los partidos políticos apoyaban una propuesta para poder sortear la trampa en la que el PACMA ha metido a Castilla y León. El siguiente paso es que el 27 de marzo, en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, se dé luz verde a la proposición de ley para blindar la caza. Esto es esencial, porque dado que a continuación llegará un periodo con la actividad congelada, a causa de las elecciones, si no se hace ahora sería imposible que la temporada de caza comenzara en agosto, como es habitual.
Mientras se dirimen estas y otras cuestiones, mientras los animalistas buscan un nuevo boquete legal para que el medio rural se hagan las cosas como ellos quieren -se ve que las grandes ciudades son muy “verdes” y no hay ni gota de contaminación – en el campo vemos cómo los conejos arramplan con el cereal recién nacido y amenazan con destrozar los brotes del viñedo. Te subes al tractor y cruzan auténticos rebaños de corzos, o atraviesas una comarcal con el coche y sorteas de milagro a los jabalíes que aparecen. Esta incomprensión hacia la realidad de lo que cada día se vive en los pueblos nos hace sentir indefensos y, a veces, cabreados. Los políticos parece que lo están teniendo en cuenta, esperemos que no sea solo por la cercanía electoral.
Artículo publicado el 18 de marzo en Mundo Agrario, suplemento de El Mundo de Castilla y León
