Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
De sobra es conocida y valorada la calidad de nuestras producciones ganaderas, especialmente del lechazo, el ibérico y la ternera. Para alcanzar este nivel de calidad, además del buen hacer de los profesionales en su manejo, cuidado exquisito, mejora genética y buena alimentación, se necesita contar con todos los controles sanitarios para ofrecer las máximas garantías tanto al consumidor nacional, como al de otros países. Cada vez es mayor el peso de la exportación en las ventas, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para el sector.
Todo lo que concierne al estado sanitario de nuestras explotaciones es vital para el sostenimiento del sector español y, por ello, desde ASAJA siempre hemos defendido que se articule a través de políticas nacionales, consensuadas y aplicadas con el mismo grado de rigor en todas las comunidades autónomas. Sin embargo no es así, como se comprueba al analizar los datos con detalle. La Unión Europea autoriza un protocolo de actuación, que asume el ministerio, quien a continuación lo negocia con las comunidades autónomas, pero en este punto, de algún modo, el sistema descarrila, porque se permite una variación importante en la aplicación de las normas, según una autonomía u otra. Y esa falta de consenso en la aplicación es el origen de problemas y causa un tratamiento desigual entre los ganaderos, según donde tengan registrada su explotación.
En el caso más preocupante, la tuberculosis, hay que reconocer que en general el avance en el control de la enfermedad ha sido espectacular. Hoy, la positividad media en España está en torno al 2,30 por ciento de las explotaciones, y aún es más baja en Castilla y León, con un 1,4 por ciento, e incluso en seis provincias de la comunidad el porcentaje es inferior a uno. Nada que ver con otras comunidades similares a la nuestra, por extensión o cabaña ganadera, como son Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, donde la positividad llega hasta el 20 por ciento en alguna de ellas.
Centrándonos en lo nuestro, en Castilla y León, es cierto que es muy complicado bajar de ese 1,4 de explotaciones positivas, porque muchas veces estamos hablando de zonas con un territorio complicado y cosido de pequeñas parcelas, que además soportan una presencia masiva de fauna salvaje que hace imposible al ganadero evitar al cien por cien el contagio de la enfermedad.
Esos ganaderos, pese a sus esfuerzos y sacrificios, viven con el temor de que aparezca un nuevo positivo. Y tienen que notar la comprensión y respaldo de la administración porque, aunque lo prioritario es mantener un saneamiento óptimo, también hay que atender a los afectados y facilitar en lo posible que sus explotaciones logren adaptarse y recuperar la producción lo antes posible.
Fue en la anterior campaña electoral cuando Alfonso Fernández Mañueco, en un mitin en la localidad salmantina de Tamames, se comprometió a mejorar el sistema de saneamiento ganadero; para algo vale tener elecciones, aunque últimamente sean demasiadas. Creada desde hace unos meses esa comisión de estudio y mejora el saneamiento en Castilla y León, debo decir que se van dando pasos, y que esperamos que sus propuestas se tengan en cuenta para mejorar y adaptar el sistema a los nuevos tiempos. Pero también tengo que decir que en otras comunidades estos cambios que ahora pedimos se aprobaron hace tiempo, y sus ganaderos ya se están beneficiando de ellos. Por todo ello, urge que la sanidad animal obedezca a una única política nacional y se aplique de forma idéntica en todo el territorio español.
