«Antes vendíamos a pérdidas y lo hacíamos con dignidad, ahora vendemos a pérdidas también y tenemos que poner cara de agradecidos y satisfechos»
José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA Castilla y León
Con lenguaje de la calle, producir a pérdidas significa que cuando vendes los productos no sacas para los gastos que te ha generado la campaña. Si te quejas al comprador, este te dice que el problema lo tienes en los costes, y por lo tanto la solución es tomar medidas para hacer más con menos. Y si los gastos corrientes están bien aquilatados, te dirán que no tienes bien compensadas las amortizaciones, porque inviertes en lo que no necesitas. Por unas o por otras razones, lo cierto es que el mayor problema del sector son los escasos márgenes de beneficio, lo que significa que, a poco que se desvíe algún parámetro, efectivamente se produce a pérdidas. En ese momento, como mínimo, el agricultor no ve remunerado su capital circulante, no ve compensado el coste de oportunidad de las tierras propias, no se remunera el riesgo empresarial y, lo que es peor, no obtiene un salario digno por el trabajo y la gestión que hace en la explotación.
De esto nos quejamos, y de qué manera, en las movilizaciones que se llevaron a cabo en toda España en los pasados meses de enero y febrero con un gran respaldo social. El Gobierno, como respuesta a aquellas movilizaciones, se apresuró a modificar por decreto ley la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a introducir en los contratos de compraventa de productos agrícolas una cláusula obligatoria con la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubran los costes de producción. Esto sonó bien cuando lo anunció el Gobierno, pero a día de hoy seguimos esperando el desarrollo reglamentario o, si se quiere, la estrategia del ministerio de Agricultura para hacer cumplir este precepto legal. Porque el Gobierno ha tirado la piedra y ha escondido la mano, ha quedado bien con el sector garantizando por ley un precio remunerador, pero no ha dicho cómo se determina ese precio, ni ha dicho cuáles son las sanciones ni cómo se aplican si se infringe la norma.
Con este panorama, los servicios jurídicos de las empresas agroalimentarias se han dado cuenta de que las leyes están para cumplirlas, y que en un estado de derechos como el nuestro hasta los mayores gigantes empresariales pueden sucumbir ante la justicia. Por eso, entrado en vigor el asunto de la “cláusula en los contratos”, se han apresurado a incluirla, como ya lo están haciendo las industrias lácteas, y detrás vendrán todas las demás. Lo malo es que, ante un precio impuesto por la parte compradora, sea el que sea, el vendedor tiene que declarar por escrito que cubre costes, aunque no los cubra, ya que de lo contrario no se hace el contrato, no se compra el producto, y la pérdida es todavía mayor. Por lo tanto, por ahora el Gobierno no ha conseguido que se remunere mejor al productor, ha conseguido que el productor diga que se da por satisfecho, con lo cual se chafa cualquier intento de futura mejor negociación y cualquier intento de reclamar mejores medidas de política agraria.
Desde el mundo de las organizaciones agrarias no podemos dar a un agricultor otro consejo que defender precios justos para sus productos, y en consecuencia que no firme cláusulas que no reflejen la realidad de las relaciones comerciales. Pero dicho eso, ante esta pifia del Gobierno, y dado que el que compra tiene la última palabra siempre que se trabaje en oligopolio o se trabaje con productos perecederos, por encima de todo hay que asegurar que los productos se venden. Así que antes vendíamos a pérdidas y lo hacíamos con dignidad, ahora vendemos a pérdidas también y tenemos que poner cara de agradecidos y satisfechos. Hay un dicho popular para esto que lo recoge a la perfección.
