Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
Qué mal pronóstico de la cosecha es que, en estas fechas, por delante de las cosechadoras vayan primero los peritos de Agroseguro. Ese dato apunta que las cifras de producción estarán muy por debajo de un año normal. Cuando todavía no hemos olvidado y mucho menos pagado los préstamos que tuvimos que contraer en el catastrófico año2017, se nos viene encima este 2019 que, en muchas zonas y cultivos, con especial dureza en el sur de la comunidad y en nuestro secano, se asemeja mucho a la sequía de hace dos años. Más de 1.900.000 hectáreas sembradas de cereal en nuestra comunidad, con una producción esperada un 40 por ciento inferior que un año normal, apuntan que nos tendremos que conformar con entre tres y medio y cuatro millones de toneladas.
Si la producción del cereal, y en bastantes casos la calidad, se ha resentido, aún son más desastrosos los resultados de los forrajes, alfalfas y vezas. El primer corte ha sido inexistente, y luego casi no ha habido más, con lo que la producción de vezas en grano se da por perdida y la de forraje es casi ridícula.
Malas noticias por partida doble para los ganaderos, que encima de tener que aguantar precios mínimos para la carne y la leche, van a tener que hacer mayores gastos en alimentación, porque los pastos están ya agostados y no hay apenas hierba en los prados.
Con los datos actuales, podemos ya cifrar en unos 700 millones lo que el sector, agricultores y ganaderos, va a dejar de ingresar por pérdidas en esta campaña tan seca. Eso no significa solo que perdamos dinero en el campo, significa también que no se invertirá en otros sectores que dependen del nuestro: menos renovación de maquinaria, menos obras y mejora de infraestructuras, menos trabajo en el medio rural. Como tantas veces decía la hasta hace poco consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cuando en Castilla y León el campo baja, el PIB se resiente.
¿Y qué se puede hacer? La primera, obvia, es tener gobiernos, en Castilla y León, España y Europa. Sin responsables políticos ni presupuestos a ninguna puerta se puede llamar para pedir soluciones. De Bruselas depende que se adelante el pago de la PAC, una inyección de liquidez anticipando al campo su propio dinero, para afrontar la próxima siembra.
Segundo, por su urgencia, es arbitrar todos los mecanismos para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en muchas explotaciones ganaderas, al borde del colapso viendo cómo fuentes, charcas y abrevaderos se están secando.
Tercero, habilitar líneas de financiación, para lo que es imprescindible la intervención de la Junta, para que garantice que las entidades bancarias ofrezcan unas buenas condiciones. Todos los profesionales deben tener a su alcance unos préstamos que les permitan seguir con su actividad, sin que les ahoguen las deudas o la amortización de créditos anteriores. No sería tolerable que se vuelvan a cometer los errores de desconfianza y falta de sensibilidad con el sector que tuvimos en 2017, que condicionó que Saeca no otorgara avales precisamente a muchos de los que más necesitaban los préstamos.
En un cuarto bloque, hay que prever medidas fiscales, en materia de seguridad social, etc., así como ayudas específicas para los casos más dramáticos.
Y he dejado para el final la medida estructural más importante que el cien por cien de los profesionales debería tener: seguro agrario y ganadero. Si el año pasado, con el penoso 2017 en la memoria, llegamos al 80 por ciento de superficie asegurada, este año solo contamos con cobertura el 60 por ciento. Todas las partes tendremos algo de culpa, pero sobre todo Enesa y Agroseguro, es decir, la propia administración. Cabe recordar las manifestaciones claras y contundentes de los responsables del Ministerio, Junta y Agroseguro en 2017, comprometiéndose a mejorar las condiciones de rendimientos y precios especialmente en aquellas comarcas sin costumbre de asegurar en las que las condiciones no convencen al sector, y especialmente clamoroso es el caso del seguro de pastos. Dos años después estamos en el mismo punto, está claro que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y lo cierto es que mientras no se consiga que todos los agricultores y ganaderos cuenten con seguro, no podrá ser válido el mensaje “lo que es asegurable, no es indemnizable”, en el que las administraciones se escudan para no ayudarnos.
