José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA Castilla y León
La primera decisión de un cierto calado, en materia agraria, que ha tomado el nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, ha sido aprobar el Real Decreto sobre ordenación de granjas de ganado porcino, que viene a sustituir al hasta ahora vigente. La buena noticia es que el nuevo texto legal no ha sufrido modificaciones con respecto al borrador que se barajaba en la anterior legislatura y, si se me permite, tampoco respecto al inicial que dio a conocer el ejecutivo presidido por Marino Rajoy con Tejerina de ministra del ramo.
El sector porcino, formado por grandes empresas integradoras con ganaderos sumamente profesionales, formado por una industria cárnica puntera que está exportando por todo el mundo, formado por empresas de genética que tienen en nuestro país su base de operaciones, formado por una industria farmacológica que trabaja en productos eficaces y seguros, y formado por unos excelentes profesionales de la salud y sanidad animal, ha respirado tranquilo al ver que se ha impuesto el sentido común y no se han introducido muchos cambios en algo que ya estaba funcionando perfectamente.
Porque todos somos conscientes de que este Gobierno está muy influenciado por corrientes de extrema izquierda y grupos ecologistas que se las tienen juradas a las granjas que a su criterio exceden de un determinado tamaño, a las granjas que tiene la consideración de ganadería intensiva, a las granjas que presuntamente contaminan porque los animales tienen la mala costumbre de defecar varias veces al día, a las granjas que no tienen a los animales en libertad en el campo, y a las granjas que se gestionan bajo un modelo de estructura empresarial. Pero es más, muchos de los apoyos del Gobierno llegan de personas o grupos de presión que se etiquetan como veganos, quieren que toda la sociedad sea vegana, y pretenden imponer la desaparición del propio sector ganadero como actividad que tiene como finalidad proporcionar carne para alimentar a la población.
Se ha ceñido el nuevo Gobierno a aprobar un Real Decreto que ahonda en el bienestar de los animales, algo que nos parece perfecto siempre que no se lleve al extremo de poner a estos por encima de las personas; que ahonda en reducir la contaminación ambiental, también correcto, al igual que debemos de evitar otras contaminaciones, y que ahonda en mejorar todavía más si cabe la sanidad animal y la bioseguridad en las granjas. España es país puntero en la producción y exportación de carne de cerdo, todo el mundo tiene la vista puesta en nosotros, por eso no ha sido desacertado que el Gobierno haya revisado la normativa para adaptarse a un sector en constante y profundo cambio y a las exigencias de una sociedad que ve los temas medioambientales y de bienestar animal de forma distinta a como lo veía hace unas décadas.
Con una legislación que se estrena a principio de legislatura, sería bueno un periodo de tranquilidad en el sector en el que se deje a los profesionales del mismo seguir creando riqueza y empleo en nuestro país y aportar buenas divisas a nuestra balanza comercial exterior. El campo español necesita de cuatro o cinco productos señeros que se conozcan por su calidad en todos los mercados del mundo, y uno de ellos es la carne de porcino y sus productos elaborados, con el jamón como buque insignia. El ministerio de Agricultura y las consejerías de Agricultura de las distintas comunidades autónomas deberían de tener libertad para trabajar sin ataduras políticas ni prejuicios ideológicos a favor de un sector que ha demostrado ser viable y competitivo incluso sin recibir ayudas de la Política Agraria Común ni de otras administraciones, y que justifica la vocación cerealista de amplios territorios de España, como son la meseta castellana o los productivos regadíos leoneses.
