José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA de Castilla y León
Después de todo el año escuchando a unos y a otros sobre la nueva PAC, la conclusión que podemos sacar es que hoy seguimos sin saber nada. Para dar sustento a esta afirmación solo hay que leer un documento de unos cuantos folios, publicado a mediados de noviembre por el ministerio de Agricultura, bajo el título: “La política Agrícola Común Post 2020. Una respuesta desde España”. En dicho documento, se afirma que la PAC actual se va a prorrogar, aunque no se concreta si uno o dos años más. Se menciona que habrá que definir la figura de “agricultor genuino”, pero apenas se da una pincelada sobre los criterios que se deberán de tener en cuenta. No se conoce el presupuesto del que se va a disponer, aunque se menciona la prima propuesta con recortes del 3,5% en ayudas directas y del 15% en desarrollo rural. Se siembran todas las dudas sobre si se va a seguir estableciendo un sistema de “derechos” para cobrar la PAC, y en caso afirmativo, más dudas todavía sobre la conveniencia o no de mantener los denominados “derechos históricos”.
Con derechos o sin ellos, se menciona la conveniencia de mantener un sistema de regionalización similar al actual, aunque se habla de una mayor simplificación, suprimiendo, quiero entender, algunas de las regiones. Es probable que, de mantenerse los derechos, siga existiendo un mecanismo similar al actual para la compraventa y arrendamiento de derechos entre particulares, y siga existiendo un mecanismo, también similar al actual, para el acceso a la reserva nacional de derechos. Suponemos, pero nadie dice que esté decidido, que existirá un sistema de convergencia en las ayudas, en el valor de los derechos, similar al de la PAC actual, es decir, con pérdidas o incrementos de hasta el 30% para aproximarse a la media.
Está por decidir también el importe máximo de ayudas que puede percibir un solicitante, para lo que se habla de 100.000 euros, y la degresividad que podría aplicarse a partir de los 60.000 euros, así como el peso que va a tener en esto la mano de obra que ocupa la explotación. Falta por decidir el importe destinado a las ayudas asociadas, los sectores que se beneficiarán de las mismas, y los importes unitarios por hectárea o cabeza de ganado. No se conoce el importe del pago joven, ni el número de años que se podrá percibir. Tampoco se conoce el importe de la ayuda voluntaria vinculada a mayores exigencias medioambientales, ni esa ayuda nueva pensada para pequeñas explotaciones –de un tamaño todavía sin definir– bajo el rimbombante nombre de “ayuda redistributiva a la renta”.
Y como las ayudas del desarrollo rural también son muy importantes, no sabemos qué programas agroambientales se van a aprobar y cuanto se podrá percibir firmando un contrato plurianual, ni sabemos si habrá ayudas a zonas desfavorecidas, ni si se van a mantener, y con qué importe, las ayudas a zonas de montaña.
Y aquí me paro, pero podría seguir. Baste esto para demostrar que no hay nada decidido, que las dudas son todas porque no hay prácticamente ninguna certeza, y que por lo tanto nos queda a las organizaciones agrarias un duro trabajo para tratar de influir en la vida política, en los diferentes ámbitos, para que la nueva PAC, la que nos llevará hasta finales de los años veinte, sea un sustento de rentas y sirva para modernizar y hacer más competitivo a nuestro campo.
