Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
La cuesta de enero para los agricultores es el mes de septiembre, el momento en el que se inician las labores de la nueva sementera. Septiembre es el mes en el que el agricultor tiene que aflojar la cartera: pagar la cosechadora y la empacadora de la reciente cosecha, los fertilizantes y fitosanitarios para preparar el terreno, las semillas, poner al día el seguro… Otro pago importante es el de la renta de las fincas. Con carácter general, el 60 por ciento de la superficie que trabajan los agricultores está en renta, y en el caso de los jóvenes que se incorporan este porcentaje sube hasta casi el cien por cien, dado que la tierra es propiedad de familiares o vecinos.
Si todos los pagos son dolorosos, quizás el de la tierra lo sea aún más, especialmente en años malos como el actual, en el que la rentabilidad de la explotación es casi cero. Muchas veces el agricultor sobrevive a base de los préstamos que asume, uno tras otro.
Cuando decimos que el valor de nuestros cereales está como hace treinta años, es que es verdad, y los agricultores lo sabemos. Hace treinta años era las treinta pesetas del cereal y hoy son los 130 euros por tonelada. Un precio que está asentado en los mercados internacionales desde hace un buen número de años y que, salvo catástrofe, no se prevé que cambie, y da igual que tengamos aquí buena o mala cosecha.
Tampoco se ha logrado en los últimos años, pese a las promesas de las casas de semilla, un incremento espectacular en los rendimientos. Y lo que se consigue es, en todo caso, a base de mayores costes: fertilizantes, herbicidas o mayor laboreo. Así, la rentabilidad, la diferencia entre ingresos y gastos, es cada vez menor.
Los datos apuntan que en Castilla y León de una hectárea tipo se obtienen unos 3.000 kilos. A 180 euros por tonelada, más la ayuda de la PAC, estaríamos hablando de un máximo de 700 euros por hectárea. Ingresos brutos de los que habría que descontar unos gastos de 500 euros por hectárea. Pero aún falta restar la renta de la tierra. Demasiadas veces, empujados por ser más que el vecino o por echar las cuentas con demasiado optimismo, la renta es tan alta que no queda ningún margen de beneficio. Esto es una barbaridad, y además es de tontos, arruinarse trabajando, y de esto no tiene culpa ni la Junta, ni la Unión Europa, ni tampoco el que no haya gobierno: la única culpa la tenemos nosotros, los agricultores y ganaderos, que en vez de actuar con cabeza y por razones empresariales, actuamos como fanfarrones, y pagamos cantidades imposibles.
Digo esto porque al inicio del año agrícola es cuando hay movimiento en las fincas, bien en renta o en compra venta, por fallecimiento o cualquier otra circunstancia. Y son más que preocupantes las cifras de las que se hablan, sobre todo en algunas zonas de la comunidad. Los comentarios en el bar se parecen mucho a aquellos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, hasta que llegó el día en el que pinchó, los precios de los pisos bajaron e incluso se quedaron abandonadas urbanizaciones enteras, construidas en medio del campo.
Ojalá me equivoque, pero por el camino de precios que vamos no tardando mucho podría repetirse la misma situación en el campo. Y un grupo de esos que compran cientos de hectáreas de golpe puede que pueda recuperarse de una mala inversión, pero difícilmente podría remontar una explotación profesional si cae de golpe el valor de la tierra, que todos sabemos que no vale lo que se paga. Basta con mirar al país vecino, Francia, con un sistema de valoración de la tierra controlado que impide que se inflen los precios. En una reciente visita preguntaba a otros agricultores de la zona norte del país, bendecida con la lluvia y que da más de 12.000 kilos con normalidad, cuál era el valor de la tierra: pues 10.000 euros por hectárea. Y en la zona sur, obteniendo medias de 6.000 o 7.000 kilos, unos 5.000 euros por hectárea. Me llevaba las manos a la cabeza, porque en Castilla y León por secanos malos se paga 5.000 euros, y los mejores más de 10.000… aunque nosotros producimos 3.000 kilos por hectárea.
No se entienden las barbaridades que se están pagando en una comunidad envejecida y despoblada como la nuestra, con un numero de agricultores que ronda los 40.000 profesionales activos, genuinos o como quieran llamarles, y de ellos la mitad estarán en edad de jubilación en diez años. Aunque se empeñe la administración, y el consejero viene con ganas, si somos capaces de incorporar 500 agricultores por año tendremos 5.000 en los próximos años, por lo que perdemos 15.000 agricultores mínimo, 1.500 por año. Que no se empeñen en incorporar más porque no les hay, si no tienes una familia que casi te ponga puente de plata es imposible empezar en esto, ni siquiera conseguir un préstamo. Seguramente algunos jubilados mantengan la explotación algunos años más, pero, como dice la gente mayor, “de viejo nadie pasa”. Así las cosas, para 2030, que es casi pasado mañana, serán 25.000 los agricultores que queden en esta comunidad. A lo mejor entonces ya no nos pegamos por esas tierras tan malas, ni compraremos maquinaria que no vamos a poder amortizar, ni despilfarraremos el dinero en rentas cuando lo que necesitamos es invertir en mejorar las infraestructuras productivas.
