José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA CyL
Estoy deseoso de coger el carro de la compra en mi supermercado de costumbre para comprobar cómo se aplica, por parte de las industrias lácteas, la obligación de etiquetar el origen de la leche en los paquetes de brick, en los quesos, y en otros productos lácteos, por la aplicación del Real Decreto 1181/2018 que entró en vigor el martes 22 de enero. Esta normativa, cansinamente demandada por el sector, trabajada con poco entusiasmo por el ministerio de Agricultura en los tiempos del PP, y sorpresivamente publicada con diligencia por el ministro Luis Planas, obliga a que los fabricantes indiquen el origen de la leche que emplean fabricando queso y de la que nos venden en una botella o en un brick. Este cambio coincide en el tiempo con la publicación, el día 16 de enero, del último informe de la Comisión Europea sobre el observatorio del mercado de la leche. Siendo España un país enormemente deficitario en la producción de leche, es inaudito que llevemos un periodo largo -lo que indica una tendencia consolidada-, desde el otoño de 2016, con precios muy inferiores a los que perciben los ganaderos del centro de Europa. Hablando de cotizaciones por cada cien litros de leche, el ganadero español cobró en diciembre 32,33 euros, el belga 31,46 euros, el danés 36,97 euros, el alemán 37,16 euros, 36,35 el francés, 37,20 el italiano y 37,25 el holandés. La media de este grupo de países de referencia en la producción de leche fue de 36,24 euros por cada 100 litros, lo que representa el 12,1% más que lo que percibió el ganadero español.
La industria láctea española, quizás la más ineficiente de los países que conforman el núcleo de Europa, es un cártel que pacta los precios en origen para impedir el libre mercado, burlando las reglas de la libre competencia, y con esos menores costes en el aprovisionamiento de la materia prima sobrevive a la presión que le llega de fuera y compensa los ingresos a los que renuncia por no tener capacidad exportadora a terceros países. Con la publicación del Real Decreto, y si el ministerio de Agricultura se ocupa de su verdadero cumplimiento, los ganaderos pasaremos a estar en manos de los consumidores, y si estos de verdad exigen leche de ORIGEN ESPAÑA, las industrias se la tendrán que proporcionar, y la tendrán que pagar como se está pagando en el resto de Europa. ¿O no es legítimo querer cobrar la leche como nuestros colegas europeos si estamos en un libre mercado y nuestro producto es al menos homologable en calidad, por no decir mejor?
Al ministerio de Agricultura, al que hay que agradecer la voluntad política y diligencia en publicar esta norma, le hay que exigir ahora que la haga cumplir y que se cumpla sin trampas. También es preciso que la administración destine dinero, junto con el que debe de destinar la propia INLAC, a hacer campañas de sensibilización al consumidor para que busque la calidad y origen del producto, y para inculcarle un patriotismo a la hora de comprar que anteponga, antes que otros condicionantes, el criterio territorial y de apoyo a las familias ganaderas que están detrás.
