JA Turrado. Secretario General ASAJA Castilla y León
Hace unos meses, cuando creíamos que las arcas de la consejería de Agricultura estaban vacías, y cuando ya se presentaba un año agrícola con malas expectativas de cosecha, no dejaron de llamar la atención unas reiteradas declaraciones de la anterior consejera de Agricultura, Milagros Marcos, anunciando que destinaría 4,6 millones de euros para contratar varias decenas de técnicos, con la mediación de las universidades públicas de Castilla y León, para asesorar a los agricultores en innovación agroalimentaria, y en concreto en bioeconomía. Lo primero que hice en su día, escuchado este vocablo de la entonces primera autoridad agraria de Castilla y León, fue ver su significado, que por supuesto desconocía, y bebí de las fuentes de la FAO, que la define de la siguiente forma: “es la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos biológicos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos”. Pues bien, para que esto llegue al campo de Castilla y León, el Gobierno tiene contratada una legión de empleados que, adscritos a las Secciones Agrarias Comarcales, tienen la misión de visitar a los agricultores, asesorarles en la materia, y ayudarles a impulsar los proyectos bioeconómicos. Al parecer para esto no servía la plantilla de funcionarios que tiene la Junta, con sus estudios, su experiencia y su oposición, por lo que tuvieron que recurrir a una contratación utilizando la figura interpuesta de las fundaciones de las universidades públicas. Entre los contratados hay de todo, pero no veo yo por ninguna parte grandes eminencias, y sí por el contrario mucho enchufado, mucha gente del partido, y gente que, con cierta edad, ha picado en no pocos puestos de trabajo.
Será el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos quien decida sobre la continuidad o no de esta y otras medidas de política agraria, y haga lo que haga, lo que sí tenemos claro desde ASAJA es que no compartimos la medida, no nos parece útil, no surge del consenso con el sector, no responde a un estudio de necesidades, no optimiza los recursos, y en consecuencia la rechazamos y animamos a nuestros socios y simpatizantes a que hagan lo mismo. No queremos que nos visiten estos agentes de la bioeconomía y no queremos sus consejos gratuitos basados en unas consignas políticas, y por el contrario sí queremos funcionarios que nos den soluciones técnicas al problema de los topillos, funcionarios que aborden desde la imparcialidad del puesto de trabajo las campañas de saneamiento ganadero, funcionarios que tengan al día los controles de la PAC para que no se retrasen los pagos, funcionarios que resuelvan con inmediatez las alegaciones y recursos que se presentan, funcionarios que den salida en tiempo razonable a las solicitudes de licencias de obra o actividad, funcionarios que atiendan a nuestros socios en las unidades periféricas de la Consejería sin dejar vacantes las que están más alejadas, y funcionarios con vocación de servicio público, conocimientos y sensibilidad por lo agrario y lo rural.
El campo está hoy día embebido en tecnología. Meritorio es cómo la entienden miles de agricultores que muchos de ellos no pasaron en su día de la formación más básica. Esta formación tecnológica, que destaca respecto a una formación empresarial en la que estamos más verdes, ha llegado sobre todo de la mano de los técnicos de empresas proveedoras de bienes y servicios al campo, una iniciativa privada que por lo general va por delante aquí y en todo el mundo. También habrá funcionarios de los que se puedan aprender cosas, pero llevan muchos años dedicados en exclusiva a los papeles, es decir, a echarnos el freno.
