José Antonio Turrado. Secretario general de ASAJA de Castilla y León
Cuando se habla de las ayudas agrarias, todos nos creemos con el derecho a recibir el mayor importe posible, y no hay quien convenza a un determinado sujeto de lo contrario. Las organizaciones agrarias, y si se me permite acotar me ciño al ámbito de Castilla y León, consideramos que los apoyos deben de dirigirse a los agricultores profesionales que tienen en la agricultura y la ganadería la única o fundamental fuente de ingresos; creemos que hay que apoyar sobre todo a los jóvenes que empiezan, por el hecho de que se encuentran con dificultades añadidas, y por una razón de justicia social creemos que hay que apoyar más a los que están en territorios más desfavorecidos, donde es más difícil crecer en tamaño y obtener buenas producciones.
De una manera u otra siempre hemos tenido una buena sintonía, en esta materia, con la Junta de Castilla y León, digamos que compartimos criterios, pero muchas veces al ahondar en busca de una distribución más justa se ha topado con la normativa nacional y con los reglamentos europeos, que están por encima. Tan malo como optar por un criterio u otro es no tener criterios y decidir a salto de mata según convenga en cada momento, como es malo que una administración marque unas pautas y otra administración las contrarias, situación que a veces se da entre distintas consejerías de un mismo gobierno autonómico.
El dinero que se destina a la agricultura es escaso, como casi todo el presupuesto público que se reparte, por eso hay que distribuirlo con criterio y equidad para que cumpla con el objetivo de mejorar las rentas agrarias, poner en una senda de la competitividad a las explotaciones, generar riqueza y empleo en el medio rural, y fomentar la producción de alimentos de calidad a precios asequibles para los consumidores, entre otros. Además, hay que ser sensibles con las demandas sociales, y no tomar decisiones que en un momento determinado pueden chirriar a la vista de un ciudadano de la calle ajeno a nuestra profesión.
El Gobierno de España debería de repensar si la política de apoyos que gestiona el ministerio de Agricultura es o no la correcta, y si se quiere me refiero a la última convocatoria efectuada, la de las ayudas a la vendimia en verde. Esta convocatoria fue para todos los viticultores por igual, sin discriminar su profesionalidad, sin diferenciar a la empresa familiar de la que cotiza en bolsa. Lejos de apoyar al más pequeño, se priorizó en las fincas de mayor tamaño, y no parece razonable que, si no hay para todos, se beneficie antes una finca de 50 hectáreas que una humilde parcela de 3 hectáreas de viñedo. Otro ejemplo lo tenemos en el sector de la remolacha, donde se da una ayuda asociada por hectárea sin discriminar el tipo de remolachero, y que de forma perversa es mayor cuanto menos remolacha se siembra, aunque el sembrarse menos se deba a que la industria paga peor.
El modelo de agricultura español se ha convertido en una fuente de conflictos y de injusticias, y es papel de las administraciones poner orden en vez de avivar la llama. Por eso hacemos un llamamiento a las administraciones para que se pongan de acuerdo y tengan un criterio único en el reparto de las ayudas, y para eso quizás solo tienen que aplicar la legislación ya existente, la norma y la filosofía marcada por la Ley de Modernización de Explotaciones. Y es importante tener esto claro de cara al diseño de una nueva PAC, donde no debe de valer el café para todos.
