Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
Por más vueltas que le he dado y por más personas con las que he hablado del tema, no acabo de entender cuáles son los motivos que impulsaron a Azucarera a presentar por sorpresa a finales de diciembre un nuevo planteamiento de contratación para esta campaña, rompiendo unilateralmente con todo lo pactado.
Azucarera tiraba por la borda el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), firmado en diciembre de 2014. Un proceso que supuso un largo trabajo de discusiones y enfrentamientos, en el que todas las partes tuvimos que ceder para procurar un marco que garantizara el futuro y la estabilidad a un sector como es la remolacha, tan importante para el campo y para la sociedad de Castilla y León.
A lo largo de estos años de vigencia del actual AMI, todos hemos puesto de nuestra parte para que funcionara. Los remolacheros han sembrado puntualmente, incluso en las campañas más complicadas, y han logrado mejorar productividades y calidades, gracias a lo cual han mantenido un pequeño margen de rentabilidad, muy lejos de los que existían en otros tiempos.
También las administraciones, gracias a la negociación y presión del sector, mantuvieron un pago asociado al cultivo que, junto a la ayuda del PDR, completa cerca de 10 euros por tonelada de apoyo, lo que supone alrededor del 25 por ciento del precio de la remolacha.
Y, por qué no decirlo, Azucarera contribuyó a la mejora de las condiciones del cultivo, trabajando también de cara a una opinión pública muy sensible y mediatizada por corrientes que en los últimos tiempos defenestran el consumo de azúcar y apuestan por otros sucedáneos, muchas veces sin ninguna base científica.
Así las cosas, nadie podía suponer que Azucarera, para el último año de vigencia del AMI, cambiara drásticamente las reglas y bajase 6,5 euros el precio en la parte que le corresponde, el pago por raíz y los complementos por productividad, transporte y pulpa.
Por activa y por pasiva desde ASAJA pedimos a la industria que repensara su propuesta. Las consecuencias pueden ser catastróficas, porque una vez se deja de sembrar un cultivo es muy difícil recuperarlo. Y lo mismo en las fábricas, si no hay raíz no se mantendrán, y todos sabemos que si se echa el cierre a una planta volverla a abrir es casi imposible.
El argumento de Azucarera, que el precio internacional del azúcar es bajo, es cierto, pero cuando se firmó el AMI, en 2014, los precios eran similares, y eso no impidió a la industria asumir el acuerdo. Además, los precios son cíclicos, y la propia Azucarera admite que todo parece indicar que el precio del azúcar ha tocado suelo y que está próximo a subir.
El lamento de Azucarera sobre las pérdidas que ha sufrido en sus últimos ejercicios no puede atribuirse a lo que paga a los remolacheros si no más bien a sus propias limitaciones. Lleva años sin invertir ni actualizar sus plantas, y eso explica que en la actual campaña Acor haya molturado en una sola fábrica, la de Olmedo, lo mismo que Azucarera en dos, Toro y Miranda, que se han ido quedando obsoletas.
Azucarera parece querer pasar por alto algo que entiende bien cualquier empresario, y mucho más cualquier agricultor: que hay años buenos, malos o regulares, y que no se puede tirar la toalla cuando llega una mala racha.
El balance económico necesita una perspectiva suficiente, y viendo las cosas en perspectiva comprobamos que en los últimos diez años Azucarera ha recogido beneficios de más de 130 millones de euros. ¿Cómo admitir los remolacheros que les bajen 6,5 euros la tonelada cuando la industria ha embolsado beneficios?
Así las cosas, en un año 2019 en el que teníamos que negociar un nuevo acuerdo marco para mantener la estabilidad de los remolacheros y del sector en su conjunto, desde una posición de unanimidad para que las administraciones continuaran ofreciendo su apoyo, hoy por hoy todas nuestras energías están en saber cómo podrán sortear los agricultores la campaña, si les compensará sembrar, o no, en las próximas semanas.
La decisión de los agricultores, como no puede ser de otra manera, será personal y meditada, teniendo en cuenta todos los factores: su explotación, las exigencias administrativas del PDR, la rentabilidad, las posibilidades de sembrar otros cultivos en su explotación… También será diferente para aquellos que tengan contratación con Acor, que podrán decidir sembrar para la cooperativa, que mantendrá el precio en 42 euros, o por el contrario seguir manteniendo la actividad con Azucarera.
ASAJA no quita ni pone rey, pero sí ayuda a los agricultores proporcionado información clara y concreta de todos los pormenores, ventajas o inconvenientes que existen. Lo importante es que se tome la decisión con sensatez. Porque dejar todo a los cantos de sirena de que el azúcar suba en los mercados internacionales tiene sus riesgos. Si era un sistema tan bueno como ahora dice la industria, ¿por qué no lo había cambiado hasta ahora? ¿a qué juega Azucarera?
Dos tareas nos quedan en este año, y no fáciles. A finales de mayo, cuando ya tengamos datos concretos de contratación en la zona Norte, las organizaciones agrarias firmantes del AMI acudiremos al arbitraje, para que un juez imparcial decida si la contratación de Azucarera para este 2019 es legal o se debe hacer atendiendo a los precios del AMI vigente. Y segundo, si Azucarera asume sus responsabilidades, tendremos que negociar el futuro AMI, pero un acuerdo que no sea papel mojado y que de verdad salvaguarde la rentabilidad del cultivo de la remolacha. Si Azucarera está dispuesta a asumir el acuerdo, tendrá sentido que las administraciones le apoyen; si no, habrá que concentrar los esfuerzos en aquellos que como Acor mantienen la contratación a un precio digno, único camino para mantener el cultivo en Castilla y León.
