José Antonio Turrado. Secretario general ASAJA Castilla y León
Todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León, como los del resto de España, sabemos que no podemos comprar la maquinaria nueva donde queramos, como sí podemos hacer a la hora de comprar un coche o a la hora de cambiar el televisor. Las grandes firmas de maquinaria agrícola, representada por los tractores, e incluso los talleres que tienen fabricación propia y una red de distribución más modesta, tienen establecidos sus propios puntos de venta en el territorio en el que se desenvuelven, y el cliente o comprador, que es el agricultor o ganadero, tiene que circunscribirse a los mismos. A nadie se le escapa que si el vendedor es solo uno, en vez de dos o varios, la capacidad de negociación del precio se reduce, por lo tanto, con esta medida, se está influyendo para intervenir artificialmente en los precios, se está influyendo para perjudicar al cliente o consumidor final del producto, se está, en definitiva, creando un cártel.
ASAJA de Castilla y León lo vio así pulsando las vivencias y el sentir de sus socios a lo largo y ancho de todo el territorio, y lo denunció ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de nuestra comunidad autónoma, el cual, viendo el alcance del tema, trasladó el expediente a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Este organismo público, al parecer, lo vio claro, e inició una inspección que ha levantado ciertas ampollas en algunos de los investigados, como se desprende del comunicado de prensa que ha emitido recientemente.
Llegado a este punto, es normal que las empresas se defiendan, es legítimo que nieguen la mayor, como legítimo es que el estado de derecho de nuestro país haga su trabajo y que dé los resultados y consecuencias debidas, aunque la justicia siempre llega tarde. Si ASAJA hizo lo que debía, y los organismos públicos lo están haciendo también, nuestros agricultores y ganaderos deben de pensar si ellos también lo están haciendo, poniendo sobre la mesa de la CNMC sus experiencias y sus papeles acreditativos del reparto de clientes por parte de los vendedores de la maquinaria. Porque de valentía no se presume, se demuestra.
Y dicho todo esto, que nadie piense que este es un ataque gratuito de ASAJA a este sector industrial. Porque exigir que se imponga la legalidad no es negar el esfuerzo inversor y tecnológico de nuestros proveedores de maquinaria, no es negar que son pieza clave en el avance de la agricultura y ganadería, y no es negar que tienen derecho a un legítimo margen de beneficio. Pero para que sigamos siendo aliados, ninguna de las dos partes debe de hacer trampas a la otra, que al parecer es lo que está ocurriendo.
