Celedonio Sanz Gil
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno sigue su veloz andadura por la tramitación parlamentaria y es posible que ya cuenten con su aprobación definitiva cuando estas líneas vean la luz. El cuadro de previsiones recaudatorias que plantea genera muchas dudas. Todos los organismos internacionales insisten en que la evolución de la economía española será bastante peor que los augurios establecidos por la Administración nacional.
Sí que hay un punto inamovible. Entre las subidas de impuestos planteadas, el IVA que grava las bebidas azucaradas pasará del 10 por ciento actual al tipo general del 21 por ciento desde el próximo 1 de enero. Un incremento que aportará unos 300 millones más de recaudación a las arcas estatales, aunque está por ver el efecto que tendrá sobre el consumo para saber su cuantificación real, y habría que detraer también los ingresos de los zumos que, al final, van a ser excluidos del alza impositiva.
Esta iniciativa ha vuelto a disparar la inquietud en el sector de producción de remolacha azucarera que vive de susto en susto desde el fin del sistema de cuotas en el mercado de azúcar de la UE, que se produjo el 1 de octubre de 2017. Aunque no haya supuesto ninguna sorpresa. El azúcar es uno de los productos alimenticios más demonizados, al que se culpabiliza de la plaga de obesidad de nuestra sociedad, de la caries dental, los problemas con la diabetes y otros males de índole cardiovascular. El Ministerio de Consumo ha lanzado una campaña tremenda con ese eslogan de: “El azúcar mata” y la subida de impuestos a los productos con evidente componente de azúcar es una estrategia que se extiende por todos los países occidentales para reducir su consumo.
El dato clave es que en España el consumo de azúcar per cápita se sitúa en 71 gramos por día, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se superen los 25 gramos. Las campañas anti-azúcar tienen efecto y el consumo ha sufrido un fuerte descenso desde los más de 110 gramos día que se consumían en este país en 2013. Una tendencia que se acelera y se prevé que el consumo caiga hasta los 50 gramos en el próximo ejercicio.
Situación que, sin duda, afectará al sector de producción de remolacha azucarera en España, aunque no debería ser así. Aquí la superficie de siembra está en torno a las 27.600 hectáreas, con un claro descenso desde las más de 36.000 que se cultivaban antes de 2017, y una producción final de azúcar cercana a las 500.000 toneladas, más del 60 por ciento se producen en Castilla y León. No obstante, el consumo supera los 1,2 millones de toneladas. Es decir, el sector productor nacional no cubre ni la mitad de la demanda.
Además, en este sector no cabe la excusa de que es poco productivo. El rendimiento por hectárea supera las 16,3 toneladas, muy por encima de la media de la UE, situada en 11,3 toneladas y de los principales productores, como Francia o Alemania que alcanzan las 12,4 y las 11,2 toneladas. Debido a las especiales condiciones climáticas y al desarrollo y tecnificación del cultivo desarrollado por los agricultores españoles en las últimas décadas, que de esta forma consiguen limitar el efecto de sus mayores costes de producción por la necesidad de cultivar en regadío.
Desde cualquier punto de vista que se aborde la situación, la conclusión es que el sector remolachero azucarero español debe ser un cultivo estratégico, estable y con futuro. España debe apoyarlo como un cultivo necesario y claramente relacionado con el mantenimiento y potenciación de su industria transformadora. Aporta indudables beneficios agronómicos, económicos y sociales. Asienta la producción en tierras de regadío, crea empleo directo y dinamiza sectores auxiliares como el transporte, el almacenamiento, los inputs como abonos, semillas o maquinaria, y contribuye a evitar el despoblamiento del medio rural.
Pero la realidad es muy distinta. El fin del sistema de cuota en la UE provocó un aumento de la producción superior al 20 por ciento, se disparó su cultivo en Francia y Alemania, donde una buena parte de su producción se utiliza para dar mayor graduación al vino, algo que en España no hace falta. El volumen de azúcar producido en la UE pasó de 14,2 millones de toneladas a más de 21,3. Aunque las sequías de los últimos ejercicios en el Centro y Norte de Europa recortaron su cosecha hasta los 17,5 millones en la última campaña.
No obstante, el aumento de oferta en el mercado internacional hizo que los precios se desplomaran, pasaron de 430 euros por tonelada a unos 320 euros, y que aumentara la presión de los países exportadoras hacia el mercado español. Una situación insostenible para los agricultores y la propia industria nacional, con una caída de precios que, como sucede siempre en la cadena alimentaria, apenas tuvo repercusión para el consumidor español, que sigue pagando el kilo de azúcar por encima de los 84 céntimos de euro.
Las perspectivas del mercado mundial apuntan a un respiro en la caída, pero no a un aumento del precio del azúcar, debido tanto a una cierta recuperación de la producción como al continuado recorte del consumo. El mercado seguirá en esta difícil travesía y los productores seguirán pagando los platos rotos.
En los márgenes de las carreteras de Castilla volverán a surgir a mediados de noviembre esos montones de raíces más o menos cónicas de color marrón blanquecino, que la mayor parte de los conductores no saben identificar, y que cambian cada semana esperando que los camiones los trasladen a la fábrica y que desaparecen, como los Reyes Magos, cuando acaban las Navidades.
Montones que se deben proteger porque en España sobra azúcar, pero no falta remolacha.
“En España se consumen 1,2 millones de toneladas de azúcar, y producimos cerca de 500.000 toneladas, ni la mitad de la demanda”
