Celedonio Sanz Gil
El verano llegó con la incorporación de un nuevo Gobierno central que, con un panorama temporal de apenas dos años, vuelve a dividir las competencias de Agricultura y Medio Ambiente en dos Ministerios. Por un lado, el de Transición Ecológica (que se encargará de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático), a cargo de Teresa Ribera, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que se ocupa Luis Planas. Los ministros han hecho su habitual gira de presentación por el Parlamento y los medios afines y es desalentadora la falta de entusiasmo que dejan a su paso. La ministra Ribera lanzó la guerra contra el diésel, que ahora se matiza pero que seguirá adelante, y el ministro Planas sigue en el carril establecido sin que aparezca nada novedoso en su discurso; da la impresión de que, aunque siempre se resalta que habla cuatro idiomas, todavía no ha encontrado a nadie que le escuche.
En España, en temas agrarios, la posición del Gobierno central es complicada. Está en medio de una pinza formada por la UE y las comunidades autónomas. En Bruselas es donde debe negociar casi toda la legislación y casi todo el presupuesto, y luego son las autonomías las que han de poner en práctica, sobre el terreno, lo que allí se acuerda, se hace provincia a provincia, comarca a comarca, y cada una con sus peculiares características, intereses y prioridades, en algunos casos totalmente enfrentados.
La gran cuestión en política agraria ahora mismo es la reforma de la PAC. Pero el debate no está en España. Es muy importante que los Gobiernos de Alemania y Francia hayan alcanzado un acuerdo para “intentar” que el presupuesto de la PAC no descienda. La Comisión había propuesto ya una reducción del 5 por ciento. También es muy interesante que la propia Comisión haya reconocido que el “greening”, su iniciativa estrella de hace cinco años, es un fracaso.
Quedan meses de intensa negociación y esté quién esté en el Gobierno la postura española no debe cambiar apenas. Hay que seguir defendiendo la modernización de las estructuras de la PAC, reducir su enorme burocracia y conseguir que España no pierda ninguno de los casi 45.000 millones de euros que se transfieren a través de ella.
No obstante, en estos apenas dos meses del nuevo Gobierno sí se ha notado un cierto cambio en la orientación de los temas del campo. Es curioso notar cómo la cuestión de la despoblación del medio rural y el abandono agrario, que en los últimos meses había ocupado un espacio central, ha quedado ahora como arrinconado en un segundo plano.
Es algo que se ve como inherente a un Ejecutivo de izquierdas, con mayoría de mujeres: se da por hecho que tiene que ser moderno y urbanita, ecologista y animalista, y parece que esto no concuerda con el sector agrario, que se sigue viendo como algo más retrógrado, por supuesto nada moderno y cosa de hombres. Una percepción que incluso el propio Gobierno fomenta en sus campañas de imagen, con fotos en aviones, en gafas de sol, regando las plantas de interior… y ya va siendo hora de acabar con esta apreciación.
No puede haber nada más moderno y necesario para esta sociedad que la defensa del medio rural, que la lucha contra su abandono. Esto no puede ser un punto de disputa política más, entre derechas e izquierdas. No, es necesario conseguir un acuerdo de Estado para una cuestión vital: la supervivencia del sector agrario y evitar la degradación total de miles de pueblos de este país, que cuenta ya con más de una tercera parte de su territorio convertida en un auténtico desierto demográfico.
Por otro lado, es prioritario corregir a su justo cauce el fundamentalismo ecologista que parece coger nuevos bríos. Por supuesto que también es preciso que los agricultores y ganaderos pongan de su parte para llegar a un justo equilibrio. Porque el paisaje no se podrá conservar si no hay paisanos para vivirlo, junto a los animales y las plantas de las que llevan cuidando miles de años.
Acabar con los clichés
Para empezar es imprescindible acabar con los clichés establecidos sobre el campo y los profesionales que se dedican a la actividad agraria. Ahora mismo los agricultores y ganaderos que sobreviven o que se quieren incorporar a las explotaciones agrícolas y ganaderas no tienen nada que ver con la generación anterior. En apenas 25 años el cambio ha sido drástico. Hoy son profesionales bien preparados, cada vez con más mujeres, dispuestos siempre a introducir nuevos métodos o nuevas tecnologías, que respetan el medio ambiente y saben que deben invertir en su cuidado, porque forman parte de su propia vida.
Agricultores y ganaderos que, en muchos casos, viven empeñados en una lucha feroz con esas multinacionales que dominan cada vez más aspectos de la producción agroalimentaria y a los que la sociedad, toda la sociedad, tiene que apoyar en este empeño.
Un Gobierno moderno, sea de izquierdas o de derechas, tiene que tener muy clara su posición en esta lucha: hay que dictar leyes y establecer cauces presupuestarios que faciliten la labor de los agricultores y ganaderos que trabajan día a día en el campo, que han hecho en los pueblos su proyecto de vida, porque no hay otra alternativa para evitar que el vacío siga creciendo en el medio rural.
Ahora mismo, mientras se habla de millones de parados en España, de riesgo de pobreza en una parte importante de la población, en los pueblos no se encuentra de ninguna manera mano de obra. Son puestos de trabajo de conductor, tractorista y operarios de granja ganadera, y también para la construcción, que ahora se revitaliza. Nadie quiere acudir a los pueblos porque la llegada de este Gobierno ha producido un efecto llamada de la ciudad, parece más fácil conseguir allí otras cosas. Ayudas, viviendas, subvenciones y demás a las que se pone el apellido social, como si fuera el paradigma que todo lo puede. Y eso no puede ser, no se debe tolerar.
Resulta cuando menos curioso hablar de abandono en estos meses veraniegos cuando todo parece estar lleno y las infraestructuras del medio rural se quedan pequeñas para tanto usuario circunstancial. Aunque el estrés al que ahora se somete a nuestros pueblos se acaba pagando en los meses de otoño e invierno, y más en situaciones como la actual, cuando el duro invierno y la lluviosa primavera pasada han dejado un reguero de penalidades en las carreteras, en los caminos, en las calles y en los mismos edificios de los pueblos.
Como siempre, esperan que llegue un arreglo, con este o con cualquier Gobierno.