Este desánimo del sector tiene un claro culpable: la política agraria que está llevando a cabo el Gobierno socialista, representada por la ministra Elena Espinosa.
Años malos en la agricultura ha habido siempre. Malas cosechas o malos precios, o las dos cosas a la vez, se suceden con más frecuencia de la deseada en esta profesión de agricultor o ganadero. Pero nuestros agricultores y ganaderos siempre levantan la cabeza y afrontan una nueva campaña con la ilusión del que empieza, esperando que el tiempo favorezca y que mejoren los mercados. Y menos mal que es así, pues si no fuera que nos da satisfacción el ganado cuando hay una buena paridera o un buen cebo, y nos da satisfacción un sembrado bien nacido o una finca de remolacha de las que se salen de la tierra, además de no ganar dinero estaríamos amargados.
Pero este año las cosas no son así. Hemos recogido una cosecha escasa, muy escasa en algunas zonas, y tenemos más de dos millones de hectáreas en Castilla y León, de duro secano, a las que hasta la fecha no se ha hincado el arado por no haber caído una gota de agua. Las libretas de ahorro de nuestros agricultores dan buena cuenta de unas ventas de cereal escasas que tampoco se acompañaron de unos mejores precios, pues ahora lo que no producimos aquí nos llega de fuera. Pero el desánimo que se vive en el sector tiene más que ver con el futuro que con el mal año agrícola que ahora termina. Y es que no cabe por menos que, ahora que nos preparamos para unas nuevas siembras –algún día tendrá que volver a llover–, preguntarnos: ¿ qué hacer y para qué?
Las ayudas de la PAC vendrán con un recorte, según los casos, de entre el 5 y el 15 por ciento –corrección financiera, reserva nacional, modulación, artículo 69–, y este Gobierno nos privará, al aprobar el desacoplamiento parcial, de algunas ventajas que sí van a tener los agricultores y ganaderos del resto de Europa. Poco podemos esperar de los precios de nuestros productos, ya que a poco que tengamos en España una cosecha normal, van a ser peores que los que hemos tenido en los dos últimos años, por lo que si queremos ser prudentes tenemos que echar las cuentas con valores más próximos a los precios de intervención que a los actuales.
Y siendo grave todo lo dicho, el mayor problema lo vamos a tener con los elevados costes de producción, fundamentalmente por el precio que pagamos por los fertilizantes y el gasóleo. Y es que nuestros secanos, por lo general muy escasos, no son rentables con unos costes de producción que se han disparado por encima de todas las previsiones, y que en muchos casos no están justificados por la coyuntura internacional del coste de las materias primas. Estos dos “inputs” son por sí solos suficientes para cuestionar la viabilidad de las explotaciones, abocando a la ruina económica de las mismas independientemente de que la climatología sea o no generosa. Podemos afirmar, sin querer ser catastrofista, que la próxima cosecha, en términos económicos, no hay quien la enderece.
Este desánimo del sector tiene un claro culpable: la política agraria que está llevando a cabo el Gobierno socialista, representada por la ministra Elena Espinosa. El Gobierno es responsable del recorte de las ayudas de la PAC, es responsable de que no tengamos la opción del desacoplamiento total, es responsable de no poner orden en el mercado para que lo nuestro tenga un justo valor, y es responsable de no poner en marcha medidas para paliar los devastadores efectos del precio de los abonos y los carburantes. Elena Espinosa es la responsable de que ahora, a primeros de octubre, con más de dos millones de hectáreas sin labrar en Castilla y León, los agricultores, en vez de afrontar con ilusión y esperanza la nueva campaña, sencillamente nos preguntemos, ¿para qué trabajamos y para qué invertimos tanto dinero?
