Tras conocerse esta semana que más de la mitad de expedientes de cese anticipado en la actividad agraria se quedarán en la cuneta, con la justificación de que no hay presupuesto suficiente, queda confirmada la falta de sensibilidad y de compromiso de la Consejería de Agricultura y Ganadería con un tema que el presidente de la Junta incluyó en sus premisas de legislatura, el relevo generacional en el campo.
Retóricas aparte, los datos de la última convocatoria no pueden ser más desoladores, más aún teniendo en cuenta que son un calco de los del año pasado. “y aún resultan más frustrantes teniendo en cuenta que la directora general de Industrialización y Modernización había enviado esta campaña una carta en la que afirmaba que este año se haría un mayor esfuerzo presupuestario, creando ciertas expectativas y alentando la presentación de solicitudes”, apunta ASAJA, que lamenta que “una vez más, y con premeditación, se haya tomado el pelo a los agricultores y ganaderos”.
Hay que tener en cuenta que hay profesionales que presentaban por segunda incluso por tercera vez sus solicitudes –papeles, justificantes y documentos incluidos– y que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, de nuevo se han quedado fuera por “carencias presupuestarias”.
ASAJA considera que apelar a problemas financieros es una pobre explicación, “porque está claro que hay dinero para lo que quieren, así que por lo visto la renovación del campo no está entre sus prioridades, digan lo que digan los discursos oficiales”.
En concreto, han sido aceptados 402 de los 875 expedientes presentados, quedando excluidos el 54 por ciento. Y la mayor parte de los que han dado paso pertenecen a agricultores y ganaderos mayores de 62 años (a pesar de que la normativa permite el acceso a esta ayuda a profesionales a partir de 55 años). De este modo, el compromiso presupuestario que adquiere la Junta es mínimo, a lo sumo tres anualidades hasta que los beneficiarios cumplan 65 años, la edad oficial de jubilación.
ASAJA denuncia una vez más el abandono de esta línea, una de las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común más efectivas para lograr la reestructuración del sector, propiciando la salida de los profesionales de edad más avanzada y con explotaciones no viables y, paralelamente, la incorporación de los jóvenes al campo.
