Después de un año de reivindicaciones por parte de ASAJA y, en menor medida, de otras organizaciones, la Consejería de Agricultura ha propuesto una fórmula de financiación donde, utilizando artilugios contables, se reduce en un 31 por ciento, respecto a la situación anterior, el importe a pagar por los usuarios en los 25 primeros años de amortización de la obra.
Después de un año de reivindicaciones por parte de ASAJA y, en menor medida, de otras organizaciones, la Consejería de Agricultura ha propuesto una fórmula de financiación donde, utilizando artilugios contables, se reduce en un 31 por ciento, respecto a la situación anterior, el importe a pagar por los usuarios en los 25 primeros años de amortización de la obra. En el periodo que va del año 25 al 50, el importe se incrementa, pero eso ya no es una noticia positiva, y por ello no interesa que figure en los papeles. Para entendernos, la Consejería sigue subvencionando el 20 por ciento del importe de la obra, importe que en términos absolutos se calcula en 6.000 euros por hectárea cuando se sabe que no se va a hacer con menos de 9.000 por hectárea. Se reduce en 2,4 puntos porcentuales la parte que ha de reintegrar el agricultor en los 25 primeros años y, por el contrario, se incrementa en igual medida la parte que se va a devolver entre el año 25 y 50. A esto se añaden dos puntos de los intereses que tengan que pagar los regantes, que los aporta la Consejería.
La ventaja de todo esto, pues, está en dos puntos de intereses bancarios que abonará la Junta, y en que 2,4 puntos porcentuales que antes se pagaban en los 25 primeros años, ahora se pagarán entre el 25 y el 50 sin correr intereses y sin actualización del dinero. Y digo yo que esto no es tan importante como para que si antes no se decidían los agricultores y los propietarios de tierras a acometer las inversiones, ahora se peguen por firmar convenios de obras con la administración, por lo que vaticino que seguirá habiendo una masiva reticencia, sobre todo de los propietarios de tierras, a comprometerse con unas obras que no pueden amortizar con la rentabilidad que ofrece el negocio agrario. Por ello, la propuesta del PP de Castilla y León sigue siendo insuficiente, y no se aproxima en nada a la que hace ASAJA de pedir para los regantes una subvención del 50 por ciento de la inversión, y la devolución de la parte reintegrable en un plazo máximo de 50 años en tarifa plana y sin intereses o con éstos muy subvencionados.
A los agricultores, y en especial a los propietarios de tierras que mayoritariamente no son agricultores sino arrendadores, no les salen las cuentas, y seguirán diciendo no a un plan de modernización de los regadíos que no tiene en cuenta las nuevas directrices de la PAC, no tiene en cuenta las diferentes agriculturas de nuestro país, no tiene en cuenta la situación de un sector que se mueve en la incertidumbre permanente, que está muy endeudado, con población muy envejecida, y con un minifundismo que hace que la mayoría de las explotaciones sean muy pequeñas y que las que han crecido lo hayan hecho sumando parcelas arrendadas.
Entiendo que el debate político en la modernización de regadíos está cerrado, –lo que no se consigue en campaña electoral mal, se va a conseguir después–, y que por tanto las reglas del juego son las que hay. Y ante esto, desde ASAJA pedimos a los propietarios de tierras, a los agricultores, y a sus comunidades de regantes, que firmen todos los convenios posibles para desarrollar los regadíos, que se hagan las obras, y que después no paguen ni un euro a la administración ni a los bancos. Las comunidades de regantes no tienen nada que embargar, y no creo que nadie se atreva a bajar la compuerta y dejar que a centenares de agricultores se le sequen sus frutos. Y antes de que nadie se rasgue las vestiduras por esta apología a la insumisión en el pago de las tasas, tengo que decir que son varias las comunidades de regantes que llevan varios años sin pagar las obras de regadío a la Junta o al Ministerio y que no piensan pagarlas nunca. Así las cosas, que nos hagan las obras, y después ya haremos nosotros lo que nos convenga. Y pagar, lo último, cuando no quede más remedio, y si no acceden a lo que razonablemente pedimos, que se queden con unas tierras que valen en muchos casos menos que las obras que se han ejecutado en ellas.
