Advierten que un acuerdo sin considerar el modelo regulatorio comunitario provocaría una crisis crónica de dimensiones similares a las del sector lácteo.
Desde que comenzaron las negociaciones sobre el tratado de libre comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos (ya en la ronda número 11), los sectores ganaderos y afines comunitarios han mostrado su honda preocupación. Tanto EE.UU. como la UE mantendrán sus respectivos modelos regulatorios en la producción ganadera, lo que impone altísimos costes legislativos para los productores comunitarios.
El modelo norteamericano permite la producción de alimentos de origen animal con ayuda de antibióticos promotores de crecimiento, hormonas, harinas de carne, aditivos y OMG no autorizados en la UE, y también de canales de pollo tratadas. Estas prácticas, además de hacer de EE.UU. un país muy competitivo en producción ganadera a nivel mundial, amenazan la sostenibilidad de los sectores comunitarios sensibles en un área de libre comercio.
Los sectores españoles afectados (ver organizaciones firmantes al final), que suponen un 35% de la producción final agraria, se han reunido con responsables de los ministerios de Agricultura y Economía para subrayar la importancia de la ganadería en la economía y el desarrollo rural. Solicitaron una defensa más activa, junto con otros países miembros de la UE, para que la continuidad de la producción ganadera europea quede garantizada en un futuro acuerdo con los EE.UU.
Un TTIP sin considerar el modelo regulatorio comunitario sería sumamente lesivo para los intereses de la UE. Supondría la pérdida de más de 400 mil puestos de trabajo en los 10 años posteriores a su entrada en vigor (*1). Es decir, se perdería una parte importante del tejido productivo ligado a estos sectores ganaderos, que se verían inmersos en una crisis crónica de dimensiones comparables a la que sufre actualmente el sector lácteo. Un daño que no es política ni socialmente aceptable en la coyuntura actual de la UE.
Además, la opinión pública es muy crítica con un TTIP que no respete las demandas de los ciudadanos europeos en materia de seguridad alimentaria, por lo que exige que el acuerdo incluya que los productos importados cumplan las mismas normas que los comunitarios. El principio de preferencia comunitaria no permite dar más ventajas a un país tercero que las que tienen los estados miembros.
El Tratado CETA UE-Canadá, un precedente a considerar en la negociación del TTIP
Canadá ha firmado recientemente un acuerdo de libre comercio con la UE (denominado CETA -Comprehensive Economic and Trade Agreement-), en el que algunos de los sectores ganaderos considerados más sensibles dispondrán de cierta protección arancelaria, tanto por parte de Canadá como de la UE, e incluso el sector de carne de polllo y huevos ha quedado excluido del acuerdo de liberalización (*2). También ha logrado proteger a los productores canadienses de los sectores sensibles en el TPP (Trans-Pacific Partnership, acuerdo de libre comercio firmado por 12 países de Asia y América, entre ellos EE.UU. y Canadá) (*3). Estos precedentes abren el camino a un tratamiento diferencial en el TTIP de los sectores ganaderos comunitarios más afectados por la pérdida de competitividad que supondrá el acuerdo.
Los subsectores ganaderos representan únicamente el 0,47% del PIB de la Unión Europea (*4), por lo que las organizaciones firmantes consideran que su exclusión del TTIP sería un mal menor en aras de facilitar un acuerdo de libre comercio que aportaría grandes beneficios políticos y económicos tanto a la UE como a EE.UU. Su solicitud no excluye que en un futuro ambos modelos regulatorios deban ser analizados con vistas a una convergencia que permitiera la integración total de estos sectores en el marco del Tratado TTIP.
* Suscriben esta iniciativa las siguientes organizaciones: Anprogapor, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de España, Aseprhu, Asoprovac, Propollo, Aecec, UPA y Unistock.
