La Junta Directiva de ASAJA Castilla y León exige firmeza a las administraciones españolas para evitar que la propuesta de la Comisión Europea salga adelante.
La reunión, presidida por el máximo responsable de la organización en Castilla y León, Donaciano Dujo, analizó el documento presentado el pasado viernes por el consejero de Agricultura, José Valín, en el Consejo Regional Agrario, en el que se analizan las repercusiones de la reforma de la PAC.
ASAJA coincide con la valoración de las pérdidas que refleja el informe: el cultivo de cereal perderá 225 millones de euros en siete años, a razón de 32 millones anuales, y el de forrajes 60 millones de euros en ese mismo periodo. Además, la aplicación de la modulación progresiva costará al campo de Castilla y León la cantidad de 374 millones de euros, de los que 211 son aportados por los ATP.
En la Comunidad hay actualmente 105.634 solicitantes de las ayudas de la PAC, de los que 61.500 perciben menos de 5.000 euros anuales y, por tanto, están exentos de la modulación. Sin embargo, menos de la cuarta parte (aproximadamente 15.000) son ATP. En cambio, de los 44.157 que perciben más de 5.000 euros y sí son modulables, la mayoría (27.240, el 61,68 por ciento) son Agricultores a Título Principal (Ver Anexo).
Estas cifras demuestran para ASAJA que la reforma diseñada por el comisario Fischler es un ataque directo al agricultor profesional de Castilla y León y beneficia a los que tienen la agricultura como actividad complementaria. La modulación propuesta supondrá un grave daño para los profesionales de la región y, por esta razón, ASAJA exige que, si tiene que aplicarse, se realice sobre aquellos que no tienen en el campo su principal actividad.
Además de las pérdidas económicas, ASAJA rechaza otros aspectos de la reforma. En primer lugar, el desacoplamiento, que supondrá desligar las ayudas de la producción para fijar como criterio las cantidades cobradas en años anteriores. En segundo, las exigencias medioambientales y de sanidad y bienestar animal, que van a suponer un encarecimiento de los costes de producción y también un incremento de los trámites burocráticos al exigirse auditorias medioambientales para aquellos que perciban ayudas por importe superior a los 5.000 euros.
Algunos sectores, como los cereales, salen realmente perjudicados por la bajada de los precios de intervención, que repercutirá negativamente en el precio de mercado que reciben los agricultores por su producción. En el caso de la alfalfa, que, después de unos años de fuertes inversiones en la compra de deshidratadoras de forraje, esta experimentando un importante despegue en la región, éste puede verse truncado por esta reforma al fijar las ayudas en función de su producción histórica.
La Junta Directiva de ASAJA Castilla y León reitera su petición a la Junta y al Ministerio de Agricultura para que se opongan a esta reforma y defiendan con firmeza planteamientos que beneficien a la agricultura y ganadería de la región. También recuerda ASAJA que la reforma sería un momento oportuno para poner encima de la mesa la necesidad de incrementar en Castilla y León los rendimientos productivos, los derechos a las primas de vacuno, el cupo de producción de maíz o el asignado para la producción lechera.
