La organización profesional agraria ASAJA de Castilla y León ha advertido del propósito de la Consejería de Agricultura y Ganadería de recortar el número de perceptores de la Indemnización Compensatoria endureciendo la aplicación de los criterios de
ASAJA entiende que esta modificación del criterio de la Consejería obedece a la cercanía de los comicios autonómicos. “Se temían –apunta la OPA–, y con razón, que eliminar de un plumazo a estos agricultores tendría graves consecuencias electorales, puesto que es a final de año cuando se abona esta ayuda. Pero por lo visto lo que ocurra más allá de mayo de 2003 les importa poco”.
En el real decreto que regula las I.C. desde la campaña 2002 el Ministerio estableció una serie de prioridades para optar al cobro de esta prima, con el objeto de ajustar el presupuesto de la ayuda tras el recorte presupuestario de los programas de desarrollo rural. Con este sistema, quedan excluidos más del 40 por ciento de los solicitantes, aunque sean agricultores profesionales, ya que se ajusta el número de perceptores a los fondos disponibles. El orden de prioridades, a grandes rasgos, tiene en cuenta puntos como ser agricultor joven, contar con una explotación situada en municipios de la Red Natura de Castilla y León (siendo preferentes las zonas de especial protección, después las de montaña y por detrás las amenazadas por despoblamiento), y tener un compromiso vigente en programas agroambientales.
Para sortear posibles conflictos, en este año la Consejería comprometió 1.500 millones de pesetas (cerca de 9 millones de euros) con cargo a los fondos Feoga de 2003. Con esta aportación conseguía completar el presupuesto y que todos los agricultores con derecho cobrasen su ayuda, estableciendo un tope de 1.000 euros por solicitud.
Por desgracia, esta medida parece que tendrá sólo carácter excepcional, puesto que en el borrador que regulará las I.C. para el año 2003 no se recoge. Por estas razones, ASAJA de Castilla y León pide que la Junta dote suficientemente y de forma definitiva la línea, para evitar que haya que recurrir a compromisos presupuestarios con cargo a próximos ejercicios que hipotequen y hagan peligrar las ayudas futuras. La OPA recuerda que precisamente son las I.C. las ayudas más sociales de las tramitadas por la Consejería, ya que se dirigen a los profesionales que viven en las zonas rurales más desfavorecidas de la Comunidad Autónoma.
