Las organizaciones agrarias exigirán la retirada inmediata de la orden que pretende declarar al lobo especie protegida. De no ser así, anunciarán medidas de presión para las próximas semanas.
ASAJA, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabaja con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.
ASAJA, COAG Y UPA sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.
La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.
En opinión de las Organizaciones Agrarias la única forma de solucionar este disparate normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.
Entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración). Según los datos que manejamos las organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia, y especialmente en Castilla y León, la comunidad con más lobos. Y prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente.
Unidad en Castilla y León
Paralelamente, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez (en sustitución del titular de Agricultura, Jesús Julio Carnero, enfermo por Covid) presidía ayer el Consejo Agrario de Castilla y León, órgano consultivo en el que están representadas las organizaciones profesionales agrarias representativas de Castilla y León. El Consejo Agrario ha adoptado una posición común que se trasladará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con esta posición se reclama una respuesta al Gobierno de la nación que proteja la actividad ganadera frente al lobo.
También el Consejo ha respaldado la petición de ASAJA de que, de ninguna manera, se permita que se interpongan los fondos de la Política Agrícola Común como la solución para la compensación por los daños que produce. “Los fondos destinados a los agricultores y ganaderos no pueden ser mermados ni utilizados para cubrir otros asuntos”, ha subrayado Donaciano Dujo.
Las organizaciones profesionales agrarias han manifestado la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las comunidades autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas que constituyen la actividad fundamental del medio rural en las amplias zonas rurales donde tiene presencia el lobo.
