Lo cierto es que la política agraria del Gobierno regional no tiene contestación en el Parlamento, ni por parlamentarios de su propio grupo que nos consta discrepan del cómo se están haciendo las cosas, ni por políticos de la oposición que no están ejerciendo la crítica y planteando alternativas de gobierno.
En raras, muy raras ocasiones, los temas agrícolas y ganaderos forman parte del debate político en nuestra región. En parte es debido a que el Parlamento regional, quizás por el anquilosado Reglamento que lo regula, vive de espaldas a los problemas de la sociedad, y por tanto también de los agricultores y ganaderos. Las dificultades para reunirse la Comisión de Agricultura, para debatir en el Pleno cuestiones de actualidad o hacer preposiciones tienen a la oposición política sin margen de maniobra, y no le queda otra vía que la de los medios de comunicación. Vía esta última que da el juego que da, que ya está ocupada por las organizaciones agrarias, y que en todo caso no puede ni debe suplir el papel que los políticos han de jugar en el Parlamento.
Lo cierto es que la política agraria del Gobierno regional no tiene contestación en el Parlamento, ni por parlamentarios de su propio grupo que nos consta discrepan del cómo se están haciendo las cosas, ni por políticos de la oposición que no están ejerciendo la crítica y planteando alternativas de gobierno. No se puede comprender que en las Cortes Regionales no se haya debatido la reforma de la PAC, y mucho menos que no se debatan las propuestas que desde la región se han de hacer al Gobierno central en los aspectos en los que hay que tomar decisiones que son competencia de los estados miembros. No es de recibo que no se hayan debatido las consecuencias de la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, o que no se aborden cuestiones de fondo que recoge el borrador de una previsible ley nacional a la que le han dado el rimbombante nombre de Ley Básica de la Agricultura. No es comprensible que el Parlamento regional, bien en Pleno o en Comisión, no haya abordado el problema del relevo generacional en el campo, no haya abordado la ejecución del Plan Hidrológico, del Plan Nacional de Regadíos, o la crisis económicas de determinados subsectores agroganaderos, por poner algunos ejemplos.
El debate agrario en esta región está en los medios de comunicación de la mano de las organizaciones agrarias. La Consejería difunde aquellas noticias que le convienen ocultando intencionadamente todo aquello que le perjudica políticamente. Y en medios políticos y parlamentarios apenas hay debate, y cuando lo hay es tarde y mal. Y es que a la tendencia ya casi natural de los políticos de huir de los temas agrarios por serles desconocidos, por no estar comprometidos con ellos y además ser difíciles de rentabilizar; se suma el que tenemos un Parlamento anclado en el pasado, con un Reglamento que impide el control al Gobierno y por tanto el derecho a hacer oposición.
Y es que con un Gobierno crecido a principio de legislatura con una holgada mayoría absoluta, con un consejero que ha roto toda vía de diálogo e interlocución con las organizaciones agrarias, se hecha en falta un mayor dinamismo en la vida parlamentaria que nos ayude a sacar adelante las cuestiones agrícolas y ganaderas. El Parlamento regional vive de espaldas a los hombres y mujeres del campo y de sus problemas, y eso no debería de ser así por más tiempo.
Antes nos quejábamos de que los políticos no entendían de lo nuestro. Ahora el problema es que lo nuestro tan siquiera es objeto de debate. Estamos abandonados por todos. Sin excepción.
Lo cierto es que la política agraria del Gobierno regional no tiene contestación en el Parlamento, ni por parlamentarios de su propio grupo que nos consta discrepan del cómo se están haciendo las cosas, ni por políticos de la oposición que no están ejerciendo la crítica y planteando alternativas de gobierno. No se puede comprender que en las Cortes Regionales no se haya debatido la reforma de la PAC, y mucho menos que no se debatan las propuestas que desde la región se han de hacer al Gobierno central en los aspectos en los que hay que tomar decisiones que son competencia de los estados miembros. No es de recibo que no se hayan debatido las consecuencias de la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, o que no se aborden cuestiones de fondo que recoge el borrador de una previsible ley nacional a la que le han dado el rimbombante nombre de Ley Básica de la Agricultura. No es comprensible que el Parlamento regional, bien en Pleno o en Comisión, no haya abordado el problema del relevo generacional en el campo, no haya abordado la ejecución del Plan Hidrológico, del Plan Nacional de Regadíos, o la crisis económicas de determinados subsectores agroganaderos, por poner algunos ejemplos.
El debate agrario en esta región está en los medios de comunicación de la mano de las organizaciones agrarias. La Consejería difunde aquellas noticias que le convienen ocultando intencionadamente todo aquello que le perjudica políticamente. Y en medios políticos y parlamentarios apenas hay debate, y cuando lo hay es tarde y mal. Y es que a la tendencia ya casi natural de los políticos de huir de los temas agrarios por serles desconocidos, por no estar comprometidos con ellos y además ser difíciles de rentabilizar; se suma el que tenemos un Parlamento anclado en el pasado, con un Reglamento que impide el control al Gobierno y por tanto el derecho a hacer oposición.
Y es que con un Gobierno crecido a principio de legislatura con una holgada mayoría absoluta, con un consejero que ha roto toda vía de diálogo e interlocución con las organizaciones agrarias, se hecha en falta un mayor dinamismo en la vida parlamentaria que nos ayude a sacar adelante las cuestiones agrícolas y ganaderas. El Parlamento regional vive de espaldas a los hombres y mujeres del campo y de sus problemas, y eso no debería de ser así por más tiempo.
Antes nos quejábamos de que los políticos no entendían de lo nuestro. Ahora el problema es que lo nuestro tan siquiera es objeto de debate. Estamos abandonados por todos. Sin excepción.
