ASAJA reclama un aumento de la superficie base regional y nuevos cultivos alternativos para evitar que se repita la penalización en el futuro

El FEGA ha comunicado hoy que la penalización por sobrepasamiento en el cultivo del maíz de este año será de un 22,84 por ciento, que supondrá unas pérdidas para los productores de la región de 15,3 millones de euros, al tomarse por primera vez como referencia la superficie asignada a cada Comunidad, en lugar de la nacional, como ha ocurrido hasta la pasada campaña.

El criterio de aplicación de la penalización del maíz ha tomado siempre como referencia la superficie nacional pero, a partir de este año, se aplica una penalización regionalizada, lo que ha supuesto un enorme perjuicio para los cultivadores de la región, especialmente de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Valladolid.

En la presente campaña el sobrepasamiento, una vez compensado con las subsuperficies de otras comunidades autónomas que no han alcanzado su techo, ha sido de un 46,6 por ciento (se han cultivado 135.915 hectáreas, incluyendo las retiradas, aunque la superficie base regional es de 92.708). Esto supondrá una penalización del 22,84 por ciento en las ayudas que percibirán los cultivadores, a los que se les aplicará en sus ayudas un coeficiente de 0,7716, por lo que perderán aproximadamente que perderán aproximadamente 112 euros por hectárea.

Se trata de un duro golpe para buena parte de las provincias de la región, ya que el maíz es un cultivo en auge en los últimos años mueve en Castilla y León cerca de 198 millones de euros, sólo en concepto de valor de la cosecha. A esta cifra habría que sumar las ayudas, que teóricamente deberían de ser de unos 67 millones de euros, pero que a causa de la penalización quedarán recortadas a poco más de 52 millones.

Lo peligroso de esta situación es que fácilmente se transformará en crónica para el campo de Castilla y León. Las escasas alternativas de cultivo en regadío en nuestra región hacen prever que los sobrepasamientos se repitan.

Por tanto, ASAJA de Castilla y León exige, entre otras medidas, la revisión urgente del Plan de Regionalización, aprovechando la reforma intermedia de la PAC, para obtener un incremento de los rendimientos por hectárea, que se sitúan muy lejos de la realidad de provincias como Ávila y Burgos. También es necesario un aumento de la superficie de base de maíz (la Comunidad necesita, al menos, 200.000 hectáreas), así como nuevos cultivos alternativos porque, en caso contrario, no podrán desarrollarse las nuevas hectáreas previstas en el Plan Nacional de Regadíos.