Desde el sector productor tenemos que decir que lo que está bien hecho no hay que tocarlo, hay que hacer que se cumpla, y que se cumpla cuanto antes, y en el caso que nos ocupa, que se respete también por el gobierno que tome las riendas de nuestro país a partir del 20 de diciembre.
José Antonio Turrado. Secretario General ASAJA Castilla y León
Han sido varias las asociaciones de empresarios de la agroalimentación que han pedido públicamente en fechas recientes, a la ministra de Agricultura, que flexibilice la aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, e incluso que se introduzcan reformas para convertirla en más laxa. Pues bien, desde el sector productor tenemos que decir que lo que está bien hecho no hay que tocarlo, hay que hacer que se cumpla, y que se cumpla cuanto antes, y en el caso que nos ocupa, que se respete también por el gobierno que tome las riendas de nuestro país a partir del 20 de diciembre. El que la industria agroalimentaria estuviera acostumbrada a no tener tan siquiera una norma que le obligara a algo en las relaciones con sus proveedores desde los inicios de la democracia hace ahora cuarenta años, no quiere decir que eso lo tengan que asumir los agricultores y la sociedad como algo normal, y lo que no se entiende es que se haya tardado tanto en legislar para poner en manos del productor algún instrumento para defenderse de la postura de fuerza de las industrias y la gran distribución.
La industria agroalimentaria no puede rasgarse las vestiduras porque una norma legal le obligue a hacer contratos con un precio cierto, que se pongan mecanismos para que la mercancía se pague en los plazos que establece la Ley de Morosidad, y que se fomente la implantación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, ni se debería de tener tanto miedo a que actúe la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) si no se tiene nada que ocultar. Toda esta legislación que se ha puesto en marcha, quizás uno de los mayores aciertos de la legislatura que ahora finaliza, refuerza y da un impulso definitivo a las interprofesionales agroalimentarias, y allana el camino para que de una vez por todas la agroalimentación española trabaje unida para aumentar las producciones, aumentar la productividad, ser más competitivos en los mercados internacionales y convertirnos en una potencia mundial en la producción de alimentos de calidad e innovadores.
Le pedimos a la industria agroalimentaria que no ponga trabas en la aplicación de la Ley y le pedimos a las cooperativas que en su condición de industrias agroalimentarias que compran y venden producto, que sean las primeras en dar ejemplo y tirar de un carro que hace falta que le empujen y no que le pongan palos en la rueda. Y para quienes se aferran a defender un estatus anterior en el que compraban sin precio, pagaban cuando querían y ocultaban a Hacienda todo lo posible, que se miren en el espejo de la Europa más desarrollada, donde las relaciones interprofesionales han puesto en valor una agroalimentación que beneficia a todos los intervinientes de la cadena, protege frente las importaciones, y garantiza al consumidor con productos de calidad a precios asequibles.
