Cuatro de cada cinco solicitudes de cese anticipado, alrededor del 83 por ciento de las 849 presentadas, se quedarán en papel mojado, según denuncia ASAJA de Castilla y León.
Cuando se publicó la orden AYG/1114/2004, en el boletín oficial de la región del pasado 12 de julio, ya ASAJA denunció que el presupuesto determinado (poco más de 14 millones de euros) sería completamente insuficiente, no sólo por los agricultores y ganaderos que este año cumplían por primera vez las condiciones y querían pedir la ayuda, sino porque se acumulaban otros muchos que en convocatorias anteriores se vieron excluidos por razones de disponibilidad financiera. “En realidad, la gravedad de este masivo rechazo no se limita sólo a esos 700 que ahora quedarán fuera, sino a otros muchos que ni siquiera tuvieron la ilusión de presentar su solicitud, porque sabían que poco o nada se podía hacer”, lamenta ASAJA.
Detrás de cada una de estas denegaciones no sólo hay agricultores y ganaderos acorralados por un escenario económico cada vez más agresivo que, tras una larga vida profesional, prefieren abandonar su explotación y que ven en esta ayuda un pequeño respaldo a sus exiguas rentas, y que ahora se verán obligados a seguir trabajando hasta que cumplan los 65 años. También están cientos de jóvenes que aguardaban estas jubilaciones para poder incrementar sus explotaciones y hacerlas más competitivas.
“Por lo visto, el dinero puede más que las promesas de rejuvenecimiento del sector, esos 1.000 nuevos agricultores y ganaderos de los que ya sólo nosotros nos acordamos, porque ningún político se atreve ya a mencionarlos”, señala ASAJA. Para la organización, está claro que esta línea, como otras vinculadas con la modernización del sector, está siendo engullida para ahorrar presupuesto: “baste con subrayar que sólo se han aprobado las solicitudes de cese anticipado a los mayores de 62 años (a pesar de que se puede pedir la ayuda desde los 55). Cuando empiecen a cobrar, tendrán por lo menos 63 años, y la Junta tendrá que asumir, en el mejor de los casos, una o dos anualidades antes de que lleguen a los 65 y reciban la jubilación ordinaria”.
Para ASAJA, resulta cuando menos contradictorio que la carta que seguramente en estos momentos se está preparando para informar a los agricultores y ganaderos de que sus expedientes han sido rechazados, vaya firmada por la responsable de la Dirección de Industrialización y Modernización Agraria, “dos conceptos que quedan bien pero casan muy mal con decisiones políticas como ésta, que desampara tanto a los que les ha llegado la hora de dejar el campo como a los que intentan incorporarse, contra viento y marea”.
