Cada vez se complica más que se conviertan en realidad las 1.000 incorporaciones anuales al sector agroganadero, prometidas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura. Según ha podido constatar ASAJA, los datos de 2003 son iguales o incluso peores que los registrados en la campaña anterior, y existen indicios de que la situación se recrudecerá en la nueva convocatoria, a punto de salir.
Así, las solicitudes de incorporación en 2003 fueron 460, por debajo de las 471 de 2002, ya insuficientes para mantener con una mínima vitalidad el sector. Y encima, el presupuesto con el que cuenta la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria para atender a las solicitudes de ceses anticipados está bloqueado, y apenas habrá dinero para cubrir 80 expedientes. Esta línea está directamente vinculada a la de incorporación, porque es muy difícil para los jóvenes que comienzan hacerlo partiendo de cero; su incorporación está vinculada al abandono de otro profesional, que le cede la explotación en al menos el 91 por ciento de los casos, tal como queda probado con la evolución de la línea en el periodo 1997-2003. En esos siete años, se aprobaron 3.743 expedientes de incorporación y 3.408 de cese anticipado; como media, cada año hubo 535 incorporaciones y 487 ceses, un paralelismo evidente.
ASAJA, como ya apuntó en la última manifestación celebrada en Valladolid por este tema, considera que si verdaderamente el rejuvenecimiento del campo es un objetivo político del actual Gobierno autonómico, y no una cuestión de retórica, es cuestión de voluntad encontrar el apoyo y la financiación precisas para atender estas líneas básicas.
Esta es la postura que defenderá ASAJA mañana, durante la reunión convocada por la DG de Industrialización y Modernización Agraria para exponer los detalles de la nueva campaña de ayudas a la incorporación y la modernización de explotaciones agrarias.
Asimismo, la OPA planteará que se adapten los importes de ayuda a la nueva reglamentación de desarrollo rural, donde las subvenciones a las primeras instalaciones se amplían. Hasta ahora había una prima máxima de 15.000 euros y una bonificación de interés máxima de otros 15.000 euros; en adelante, el importe máximo de la prima permitido por Bruselas será de 25.000 euros y la bonificación de hasta 30.000 euros, unos importes más atractivos para los jóvenes que deseen incorporarse, si de verdad hay compromiso político de dotar esta línea.
Por último, ASAJA pedirá mayor agilidad y transparencia en las tramitaciones y las resoluciones de ayuda, porque las trabas burocráticas están alargando el proceso innecesariamente durante más de dos años. Transcurrido este tiempo, los “préstamos puente” necesarios para acometer la inversión han agotado buena parte de las ayudas que recibe el agricultor o ganadero que se instala o moderniza su explotación.
