La política de un consejero solo, con su equipo de altos cargos como única compañía, ya se ha demostrado que no sirve para gestionar la política agraria regional.
Recientemente la Dirección General de la Política Agrícola Común, cuyo titular es Juan Pedro Medina Rebollo, convocó a las organizaciones agrarias, a las cuatro de ámbito regional, a una reunión para abordar cuestiones relacionadas con las ayudas de pago único. Algo en principio normal, y que no debería de tener más trascendencia, se convirtió, medio en risas y medio en serio, en un acontecimiento agrario importante: ¡por fin la Consejería de Agricultura nos convocaba para algo! No es la primera queja seria que hace, ASAJA ni posiblemente sea la última si el consejero José Valín no adopta de inmediato una decisión sobre la interlocución agraria en nuestra región.
Cada día se suceden asuntos importantes sobre los que es imprescindible la consulta y toma en consideración de la opinión de los agricultores y ganaderos representados por sus asociaciones. Por dejación o por vagancia, por ambas cosas a la vez, o quizás respondiendo a una consigna desde arriba, los altos cargos de la consejería llevan meses y meses sin tener en cuenta para nada la opinión de las organizaciones agrarias: ni se las consulta, ni se las informa, ni se las reúne para tratar los temas. Cierto es que hay alguna excepción, como la del director Pedro Medina, que por el simple hecho de cumplir su deber, cuando los demás no lo cumplen, es noticia del buen hacer.
Las organizaciones agrarias, y particularmente ASAJA, no estamos dispuestas a asumir que las cosas son como son, y mucho menos que no se puedan cambiar para mejor. Los que llevamos muchos años en el sindicalismo agrario nos hemos llevado muchas desilusiones y hemos sentido muchas veces impotencia por no poder cambiar las cosas, pero también es cierto que otras muchas veces nuestra opinión, nuestras propuestas, o nuestras ideas sobre la agricultura, se han escuchado y tenido en cuenta por los gobiernos. Y gracias a ello hemos conseguido mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos, o hemos conseguido que las cosas no vayan a peor, que a veces es lo que se trata de evitar.
Desde hace ahora dos años que el Consejo Regional Agrario se hizo añicos por una equivocada decisión del consejero José Valín, las organizaciones agrarias no hemos pintado un pimiento en la representación del sector ante el Gobierno regional. Situación que ha coincidido con no pocos problemas del campo y con toda una reforma de la política agrícola común que ahora hay que aplicar, y que ha coincidido también con un equipo en la consejería que en su conjunto es “manifiestamente muy mejorable” como decían antes los viejos ingenieros del Iryda de las fincas yermas.
Y en medio de esta situación, el Gobierno de la nación ha visto refrendada por el Parlamento su derogación de la Ley de Cámaras Agrarias, la que hasta ahora permitía la celebración de elecciones sindicales en el campo, permitía medir la representatividad del sector, y dignificaba el papel de las organizaciones profesionales agrarias. En Castilla y León, cuya ley regional todavía nadie cuestiona, se tendrán que celebrar elecciones, por tercera vez, posiblemente a un año vista, y cabe preguntarse: ¿para qué? Si el consejero de Agricultura no define previamente el papel que han de jugar las organizaciones agrarias en la interlocución con el Gobierno regional, ni no se reconoce y apoya el papel de éstas en los servicios que prestan al sector, si en definitiva las elecciones no son para algo, ASAJA no concurrirá a dichos comicios. Tiene el consejero poco más de una año, o poco menos de un año, para arreglar los platos rotos, para sentarse con las organizaciones agrarias y, en una relación de confianza, de cordialidad y respeto, pactar el papel de éstas en el futuro de esta región.
La política de un consejero solo, con su equipo de altos cargos como única compañía, ya se ha demostrado que no sirve para gestionar la política agraria regional, no sirve para evitar que nos metan la mano en el bolsillo los del ministerio de Agricultura, y no sirve para afrontar los restos del campo regional. Por esto, alguien tiene que tomar decisiones, y si tiene que ser, cuanto antes mejor.
