Los agricultores estamos condenados a sufrir las consecuencias de un organismo público al que ningún ministro o ministra de agricultura se ha atrevido a reformar, y estamos obligados a pagar, no solo mediante los impuestos, sino también mediante tasas específicas, su costoso sostenimiento.
José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
Un año como este, de absoluta ruina en los cultivos de Castilla y León a causa de la sequía y otras inclemencias climáticas, hay que mirar necesariamente a la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo público encargado de gestionar los recursos hídricos. Pues bien, este organismo es sin duda uno de los más impopulares de la administración española, y el más impopular con diferencia en el ámbito en el que nos manejamos los agricultores y ganaderos. Pero es más, no solamente es impopular, es una administración que trabaja contra los intereses del campo, que se crece poniendo pegas y dificultades, que no empatiza con los problemas de los usuarios del agua, que está anticuada en sus procedimientos, que tiene vocación sancionadora, que es cara e ineficaz, y que quizás sea la que más demoras provoca en las resoluciones que le competen. Los agricultores estamos condenados a sufrir las consecuencias de un organismo público al que ningún ministro o ministra de agricultura se ha atrevido a reformar, y estamos obligados a pagar, no solo mediante los impuestos, sino también mediante tasas específicas, los sueldos y gastos santuarios de unos funcionarios crecidos bajo su gorra de plato, que no hacen casi nada por mejorar y facilitar la vida a los usuarios del agua. Un año como este, de fuertes restricciones de agua con consecuencias todavía imprevisibles para nuestras economías agrarias, no se dan un mal rato en gestionar mejor los recursos que salen por nuestros pantanos y se distribuyen por miles de kilómetros de acequias, ni hacen nada para que, quienes disponen de sondeos en sus fincas, puedan planificar mejor las siembras llevando agua a otras superficies de su propiedad distintas a aquellas para la que en su día se solicitó al concesión.
El agua es un factor determinante en la rentabilidad de miles de explotaciones agrarias de Castilla y León, lo es y lo seguirá siendo más en un futuro. Además de reclamar inversiones inmediatas que den un empujón definitivo a la modernización de nuestros regadíos, y que se ejecuten los proyectos pendientes de nuevos regadíos, tenemos que seguir reclamando una gestión eficaz del agua, es decir, hay que administrar bien y barato, aumentando la productividad de los empleados, desde el más alto cargo al que sube y baja las compuertas. Hoy la productividad parece que únicamente se le exige al que va con la libreta apuntando las sanciones o poniendo problemas a los permisos que solicitamos.
Esta confrontación con la Confederación Hidrográfica del Duero no es vista de igual manera por muchas de las comunidades de regantes con las que se relaciona. Es más, a veces lo que se palpa es una convivencia excesiva, y se han copiado vicios hasta el punto que uno ya no sabe distinguir quiénes son los nuestros. Porque, si bien los de Confederación se portan muchas veces como funcionarios indolentes, es peor que así se porten también quienes trabajan y gestionan comunidades de regantes, sin ser funcionarios. Y digo esto porque esta campaña de riego que se presenta tan complicada, estamos viendo gestos hacia los regantes nada edificantes, y gestiones manifiestamente mejorables.
