El sector agrario de Castilla y León está a la espera de que el consejero de Agricultura y Ganadería tome la decisión de modificar el Decreto que regula el funcionamiento del Consejo Regional Agrario, como ha prometido, o que por el contrario desista de tan alocada pretensión, como sería deseable.
A la espera de su decisión, que si es equivocada no será respetada ni asumida por las organizaciones agrarias, me permito recordar al consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta el modo de funcionar de la interlocución agraria en Europa, ya que tanto en el seno del Consejo como en los medios de comunicación lo ha querido poner como pretexto para defender su postura, cuando lo que él ha propuesto en modo alguno es lo que impera en Bruselas.
La Decisión de la Comisión 98/235 CE de 11 de marzo regula el funcionamiento de los comités consultivos en el marco de la política agrícola común. Considera la Comisión que debe de conocer las opiniones de los profesionales y de los consumidores acerca de los problemas que puede plantear el funcionamiento de las diferentes organizaciones comunes de mercado y de los demás aspectos cubiertos por la PAC. Por otra parte, reconoce el papel de las asociaciones profesionales de los diferentes países integradas en otras constituidas en el seno la Unión Europea, y que en el caso del sector cooperativo están representadas en el COGECA y en el caso de las organizaciones de agricultores en el poderoso e influyente COPA.
A través de dicha Decisión se constituyen diez comités consultivos, y a su vez de éstos dependen diversos grupos permanentes. En este órgano de interlocución están representados los agricultores a través de sus asociaciones, las cooperativas, el comercio, la industria agroalimentaria, los trabajadores o asalariados del campo, los consumidores, y una especie de “cajón de sastre” destinado a otros grupos, además de poder contar con expertos y observadores. Fuera de estos comités consultivos, los dirigentes del COPA y del COGECA, juntos o por separado, se reúnen con el comisario Fischler u otros altos cargos de la Comisión cuando a petición de cualesquiera de las partes se solicita y hay voluntad de reunirse, al igual que ocurre en España y en el caso particular de Castilla y León.
En vistas a todo esto, no parece que el modelo de interlocución agraria que existe en Europa pueda extrapolarse a nuestra región, y mucho menos que sea un modelo mejor que el creado después de las elecciones a Cámaras Agrarias de 1997 con la publicación del Decreto que regula en Consejo Regional Agrario. El presidente de Urcacyl, que sigue siendo amigo de todos los sindicalistas agrarios de esta región, le vendió al consejero de Agricultura una idea cuando menos equivocada de cómo funciona la interlocución agraria en Europa, y éste sin documentarse más la defendió en el seno del Consejo y en los propios medios de comunicación social.
Traer a Castilla y León el modelo de interlocución que se practica en Bruselas no significa que estén también algunas cooperativas donde ahora están legítimamente Asaja, Coag y Upa. Significaría crear un Consejo Regional Agrario en el que cada vez que se reuniese, además de la Consejería de Agricultura y Ganadería, estuviesen las tres OPAS, estuviesen las cooperativas, los intermediarios que operan en el sector (comercio), la industria agroalimentaria, los trabajadores (Comisiones Obreras y UGT), los consumidores (que en Castilla y León están organizados), y otros grupos de expertos o interesados en los temas agrarios.
Quizás al consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León le interese que las reivindicaciones agrarias se hagan en un foro en el que confluyan todo tipo de intereses, donde de paso siempre puede haber alguien fácil de domesticar, pero las organizaciones agrarias no vamos a consentirlo. Las reivindicaciones agrarias se tendrán que seguir haciendo desde las organizaciones profesionales legitimadas para ello por nuestra Constitución y por el refrendo de los votos que nos otorgaron los agricultores y ganaderos en las elecciones a Cámaras Agrarias.
