Las explotaciones ganaderas, especialmente las intensivas, necesitan una solución definitiva y urgente. Se han de articular mecanismos para que se reduzca el coste de recogida y funcione la libre competencia.
José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA de Castilla y León
El seguro de recogida de cadáveres de animales es un coste importante en las explotaciones ganaderas. Responde a una necesidad que surgen de normas absurdas de la Unión Europea, del ministerio de Agricultura y de la Junta, que no permite el enterramiento de los cadáveres ni depositarlos en el monte para alimento de las alimañas. Y el sistema es caro, muy caro, porque a estas empresas le dan las autorizaciones con cuentagotas, por tanto hay poca competencia, y además las harinas obtenidas hay que destruirlas en vez de reutilizarlas en la alimentación animal (está prohibido en Europa, pero importamos carne de países que sí las permiten). Cuando había subvención al seguro de recogida de cadáveres, por parte de la Junta y del Estado, la cosa se iba soportando, pero retirados los apoyos de la Junta y con la amenaza de que ENESA seguirá los mismos pasos, el seguro es absolutamente inviable. Las administraciones han creado un problema al ganadero y no están haciendo nada por solucionarlo, un problema que es mayor en las explotaciones intensivas de porcino y avicultura, donde además se pagan unos precios políticos en solidaridad con otras producciones ganaderas más minifundistas y más dispersas por el territorio.
En esta tesitura en la que se encuentra el seguro de recogida de cadáveres, las explotaciones intensivas necesitan una solución definitiva y urgente. Al margen de medidas para evitar un sistema de recogida tan poco sostenible económicamente y con serios riesgos sanitarios, se han de articular mecanismos para que se reduzca el coste de recogida y funcione la libre competencia. No es admisible que, siendo más barato entenderse particularmente con un centro de recogida y destrucción que hacer un seguro, el ganadero no pueda tener un contrato de servicios con estas empresas porque Agroseguro y ENESA se lo impiden en aras a defender a toda costa el sistema actual. Y uno se pregunta ¿no se entera de esto la Comisión Nacional de la Competencia? Pues si no se entera, es hora de que vaya haciéndolo, porque los ganaderos estamos pagando más debido a que no hay competencia, debido a que las empresas de recogida no quieren tener contratos con los ganaderos individuales porque el Estado (ENESA) y Agroseguro están coartando su libertad empresarial. Es más, algunas compañías de seguros estarían encantadas de ofrecer pólizas a los ganaderos en mejores condiciones que las actuales -aun prescindiendo de todas las subvenciones oficiales, le saldrían más asequibles al productor-, pero Agroseguro no les deja.
Si la única solución a medio plazo sigue siendo la recogida y destrucción de los cadáveres en un centro especializado, alguien tendrá que mediar para que los costes se reduzcan, para que puedan asegurar compañías privadas al margen de Agroseguro, para que funcione la libre competencia y para que los ganaderos puedan suscribir contratos de servicios con las mismas sin más limitaciones que las establecidas en el derecho mercantil, y con la garantía de que la Comisión de la Competencia, en este tema, no mira para otro lado. Y si esto se hace antes de que el ganadero explote y se tome las de Villadiego, pues mucho mejor.
