Las organizaciones agrarias han trasladado su preocupación a los distintos grupos políticos en el Congreso, durante la ronda de contactos en torno a la tramitación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Es el momento de sellar un gran avance: la prohibición de comprar por debajo de coste y de destruir valor en la cadena.
Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la “guerra de precios” de las cadenas de distribución pase factura en el campo. Así se lo han trasladado durante la ronda de contactos celebrada durante las últimas semanas en el marco de la tramitación del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Ante la pérdida de poder adquisitivo provocada por la pandemia en millones de hogares, las ofertas promocionales de productos de primera necesidad (pollo, leche, huevos y aceite) han ganado peso en las estrategias comerciales. Las organizaciones temen, que tal y como ha sucedido en otras crisis económicas, la batalla por arañar puntos en la cuota de mercado acabe “financiada” por el sector agrario. “Resulta intolerable que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice para atraer consumidores a los puntos de ventas, destruyendo tejido productivo y abocando a la mayoría del sector a producir a pérdidas”, han afirmado los máximos responsables de UPA, COAG y ASAJA.
Los ganaderos avícolas y de vacuno de leche ya han experimentado esa presión a la baja durante el proceso de renovación de los nuevos contratos. En el caso de los productores de leche, actualmente los precios en origen se han reducido entre 2 y 3 céntimos por cada litro, mientras que el resto de eslabones mantienen rentabilidad en sus márgenes. En el sector avícola, varias cadenas han lanzado ofertas al consumidor mientras que los productores afrontan una subida de costes continuada recibiendo precios un 5,5% inferiores en lo que va de año respecto a las cifras del año pasado.
Ante esta situación, COAG, ASAJA y UPA han traslado su preocupación a todos los partidos políticos. Varias de las enmiendas planteadas en conjunto han sido contempladas por los grupos, ya sea de aquellos vinculados al gobierno como de la oposición, y se sigue trabajando para ampliar la aceptación de las principales reivindicaciones del sector agrario.
Tanto en las comparecencias públicas que tuvieron lugar en el mes de enero en la Comisión de Agricultura del Parlamento, como en dichas reuniones, las organizaciones agrarias han insistido, entre otras cuestiones, en la necesidad de prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón, en crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal HORECA a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, reforzar la figura del mediador, y en generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública.
Las organizaciones agrarias consideran que ahora, y no en otro momento, se debe avanzar en la dirección correcta con la inclusión de estas enmiendas en la ley, así como consolidar el cambio de paradigma introducido a raíz de las históricas movilizaciones del sector en febrero y marzo de 2020: la prohibición de comprar por debajo del precio de coste y de destruir valor en la cadena.
