El Gobierno no interviene en política de precios

Nos está dando el Gobierno sobradas muestras de intervencionismo, de excesivo intervencionismo que llega a poner en jaque la viabilidad de las explotaciones agrarias. Algunos ejemplos pueden verse en la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos que se discute ahora en el Congreso, en los textos de aplicación de la PAC, pero sobre todo lo estamos viendo en el conocido como plan de reestructuración del sector lácteo. La filosofía en la que el Gobierno dice inspirarse es la de intervenir para buscar equilibrios, para repartir la riqueza, para dar igualdad de oportunidades, para ayudar al que más lo necesita. Pero desde el sector, y desde la calle, lo que se ve es una afán de tomar decisiones que puedan tener un rédito político, sin preocuparse si eso es bueno o malo, sin plantearse si con ello colocamos al sector agrario en mayores cuotas de progreso o por el contrario lo que creamos es un sector subsidiado, empobrecido, y sin posibilidad alguna de competir en los mercados.

Pero en lo que no quiere entrar el Gobierno es en lo que de verdad nos interesa a los agricultores y ganaderos: la regulación de los precios en lo que vendemos y en lo que compramos. No se está planteando el Gobierno reducir los abultados márgenes comerciales de la industria de transformación y de la gran distribución, ni se están planteando eliminar monopolios encubiertos que hasta en algunos casos son ejercidos por empresas con participación estatal. Mientras el Gobierno está interviniendo en el mercado de las cuotas lecheras, los ganaderos están ante el más absoluto de los desamparos en unos precios de la leche en origen que fijan las industrias unilateralmente, y donde la presión de la leche importada de Francia juega un papel preponderante. Pero nadie pone freno a las importaciones, ni tan siquiera se controla la calidad de los productos que nos traen de fuera. Volverá el sector cerealista, dentro de dos meses, a estar en manos de las harineras y comerciantes de cereales que impondrán sus precios y condiciones, sin que el Gobierno se entere de que hay un sector, el productor, que pierde una parte importante de su renta por estar en una postura de debilidad a la hora de afrontar el mercado, sin amparo ninguno del poder político establecido.

El Gobierno socialista no ha puesto orden en el mercado de los fertilizantes, y deja, como dejaron los anteriores, a la empresa Fertiberia que campe a sus anchas poniendo precios y haciendo la vida imposible –o quizás haciéndosela posible– a los importadores para que no exista la libre competencia. Ello lleva a que el sector pague por los abonos lo que no valen, y tengamos unos costes de producción más altos que los competidores europeos, por no decir los competidores que acechan fuera de las fronteras de la Unión Europea. Tampoco el Gobierno ha sido valiente para afrontar la necesidad de un gasóleo profesional para el campo, al que se puede llegar con diferentes medidas de índole comercial y fiscal. El resultado es que hoy se esté cuestionando la conveniencia de labrar según qué tierras, o se esté cuestionando el cultivo por ejemplo del maíz en zonas en las que se explotan acuíferos.

Y es que el Gobierno quiere hacer política en el sector agrario sólo a costa de los intereses del propio sector agrario. No quieren invertir dinero en el sector, quieren quitar a unos para dar a otros, y así sin gastarse un euro llenar el fardel de votos. En esta línea va la aplicación del artículo 69 del Reglamento de la PAC, o la propia modulación de las ayudas. Y lo que no quieren es meter en cintura a las empresas que compran nuestros productos o venden nuestros medios de producción, pues en el PSOE también tienen claro que con el poder económico hay que llevarse bien.

Así son las cosas en la política de precios, igual o peor que con el Gobierno anterior. La diferencia es que Moraleda debería de saber, y si no que se lo recuerde la UPA, que hoy el mayor problema del campo no es el reparto de la riqueza, o mejor dicho, de la miseria: hoy el problema es que lo nuestro no vale nada, y que por lo que compramos no sacan los ojos. Y mientras, en el Ministerio de Agricultura se cruzan de brazos.