Cada vez el sector agrícola o ganadero tiene menos peso político porque somos menos. Cada vez nuestras decisiones y peticiones se tienen menos en cuenta porque suponemos menos votos. Cada vez nuestras reivindicaciones son menos atendidas.
La nueva reforma de la PAC, en contra de cuya aprobación hemos luchado tanto desde ASAJA, y a la que nos seguimos oponiendo, mantiene la incertidumbre de todos los agricultores y ganaderos. Después de varios meses, seguimos sin saber las condiciones económicas o sociales que acarreará, ni tampoco las prácticas agrícolas que vamos a tener que realizar en los próximos años.
Desde ASAJA tuvimos muy claro que la Agenda 2000 debía durar hasta 2007, que era lo aprobado, y por lo tanto éramos contrarios a cualquier cambio anterior a esa fecha, más cuando estos cambios eran negativos para el sector, ya que la principal estrategia en la reforma de la PAC se encaminaba a penalizar a los agricultores y ganaderos profesionales, tanto económica como administrativamente. Vamos a percibir menos dinero, puesto que vía modulación, degresividad y posibles correcciones financieras se nos va a quitar dinero que nos pertenecía. También vamos a soportar más trabas en el plano administrativo y en el propio manejo de la explotación, con la ecocondicionalidad, las buenas prácticas agrícolas, el bienestar de los animales, las auditorías, etc.
Por lo tanto, nada de lo aprobado es positivo para el sector agrícola y ganadero. Son peores las condiciones futuras que las actuales, además de lo anteriormente mencionado, que perjudica seriamente al sector, ya que se nos va a penalizar vía modulación, Sin embargo, nadie nos ha dicho en qué vamos a mejorar con esos fondos. Vamos a tener más burocracia, y todas las normas impuestas vienen van a estrangular el poco margen de maniobra que tiene el sector agrícola y ganadero.
Dos eran las cuestiones en las que la UE ha permitido a los estados miembros la libre elección, como es el año de aplicación de la reforma y el desacoplamiento total o parcial de las ayudas. Una vez que hemos tenido conocimiento del desarrollo de los reglamentos, y en contacto diario con los agricultores y ganaderos, desde ASAJA nos hemos posicionado claramente, para que se aproveche lo poco que puede beneficiarnos esta reforma. Así, hemos apostado por que se aplique cuanto antes y por el desacoplamiento total de las ayudas, la libre elección de los profesionales del campo, tanto agrícolas como ganaderos, sobre el desarrollo normal de sus explotaciones. Y estos puntos se los hemos trasladado a consejeros y ministro.
Éstos, en la reunión mantenida el día 1 de diciembre en Zaragoza, no han atendido la voz unánime del campo. No pensemos los agricultores y ganaderos que ha sido por falta de conocimiento o por no saber lo que el sector pide. No pensemos los agricultores y ganaderos que no saben que beneficia más el desacoplamiento total y la aplicación inmediata que un retraso, como pretenden, y un desacoplamiento parcial.
Lisa y llanamente no se han querido pronunciar por la proximidad de las elecciones generales en marzo de 2004, y para después de las mismas han retrasado las decisiones importantes que el sector pide.
Como contestación al por qué de no pronunciarse, se escudan en que el posible desacoplamiento total de las ayudas puede suponer la desaparición de activos en la agricultura y la ganadería, en terrenos o comarcas marginales, pero sólo se acuerdan –como es costumbre y norma en los políticos–, cuando hay elecciones. No nos han tenido en cuenta en años atrás para que a esas zonas marginales se les hubiese potenciado de manera profesional, y para que dichas explotaciones contasen con alternativas de futuro tanto económicas como sociales. Esos pueblos, y por lo tanto los que residen en ellos, no tienen carreteras, no tienen servicios sanitarios, tampoco hay centros de escolarización para los hijos, las infraestructuras necesarias y lógicas en el medio urbano están prohibidas en estas zonas marginales. Tampoco los terrenos agrícolas han mejorado con posibles nuevos regadíos, con concentraciones y reconcentraciones, con ayudas para legalizar las explotaciones agrícolas y ganaderas. Es decir, inversiones demandadas desde el sector y que año tras año han caído en saco roto en las consejerías o ministerios pertinentes.
Cada vez el sector agrícola o ganadero tiene menos peso político porque somos menos. Cada vez nuestras decisiones y peticiones se tienen menos en cuenta porque suponemos menos votos. Cada vez nuestras reivindicaciones son menos atendidas. Los políticos saben perfectamente que con los votos del campo no se ganan unas elecciones, pero sin ellos se pueden perder. Y por ello, el ministro a la cabeza y todos los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas, prefieren que agricultores y ganaderos votemos y luego ellos, así libremente, hacer lo que quieran. Pero desde luego, el sector debe reaccionar ante esta incertidumbre a la que nos tienen sometidos las instituciones con esa indecisión y esa pasividad ante los problemas. El sector debe exigir que nuestros pueblos y nuestras comarcas dejen la precariedad en la que están sumidas, y que los profesionales de la agricultura pasemos de la oscuridad de esta PAC que nos perjudica, a la claridad y libertad que nunca debieran haber perdido, para poder desarrollar su trabajo adecuadamente. Y para ello tenemos que conseguir, como pide ASAJA, el desacoplamiento total de las ayudas y la aplicación inmediata de la nueva PAC.
Desde ASAJA tuvimos muy claro que la Agenda 2000 debía durar hasta 2007, que era lo aprobado, y por lo tanto éramos contrarios a cualquier cambio anterior a esa fecha, más cuando estos cambios eran negativos para el sector, ya que la principal estrategia en la reforma de la PAC se encaminaba a penalizar a los agricultores y ganaderos profesionales, tanto económica como administrativamente. Vamos a percibir menos dinero, puesto que vía modulación, degresividad y posibles correcciones financieras se nos va a quitar dinero que nos pertenecía. También vamos a soportar más trabas en el plano administrativo y en el propio manejo de la explotación, con la ecocondicionalidad, las buenas prácticas agrícolas, el bienestar de los animales, las auditorías, etc.
Por lo tanto, nada de lo aprobado es positivo para el sector agrícola y ganadero. Son peores las condiciones futuras que las actuales, además de lo anteriormente mencionado, que perjudica seriamente al sector, ya que se nos va a penalizar vía modulación, Sin embargo, nadie nos ha dicho en qué vamos a mejorar con esos fondos. Vamos a tener más burocracia, y todas las normas impuestas vienen van a estrangular el poco margen de maniobra que tiene el sector agrícola y ganadero.
Dos eran las cuestiones en las que la UE ha permitido a los estados miembros la libre elección, como es el año de aplicación de la reforma y el desacoplamiento total o parcial de las ayudas. Una vez que hemos tenido conocimiento del desarrollo de los reglamentos, y en contacto diario con los agricultores y ganaderos, desde ASAJA nos hemos posicionado claramente, para que se aproveche lo poco que puede beneficiarnos esta reforma. Así, hemos apostado por que se aplique cuanto antes y por el desacoplamiento total de las ayudas, la libre elección de los profesionales del campo, tanto agrícolas como ganaderos, sobre el desarrollo normal de sus explotaciones. Y estos puntos se los hemos trasladado a consejeros y ministro.
Éstos, en la reunión mantenida el día 1 de diciembre en Zaragoza, no han atendido la voz unánime del campo. No pensemos los agricultores y ganaderos que ha sido por falta de conocimiento o por no saber lo que el sector pide. No pensemos los agricultores y ganaderos que no saben que beneficia más el desacoplamiento total y la aplicación inmediata que un retraso, como pretenden, y un desacoplamiento parcial.
Lisa y llanamente no se han querido pronunciar por la proximidad de las elecciones generales en marzo de 2004, y para después de las mismas han retrasado las decisiones importantes que el sector pide.
Como contestación al por qué de no pronunciarse, se escudan en que el posible desacoplamiento total de las ayudas puede suponer la desaparición de activos en la agricultura y la ganadería, en terrenos o comarcas marginales, pero sólo se acuerdan –como es costumbre y norma en los políticos–, cuando hay elecciones. No nos han tenido en cuenta en años atrás para que a esas zonas marginales se les hubiese potenciado de manera profesional, y para que dichas explotaciones contasen con alternativas de futuro tanto económicas como sociales. Esos pueblos, y por lo tanto los que residen en ellos, no tienen carreteras, no tienen servicios sanitarios, tampoco hay centros de escolarización para los hijos, las infraestructuras necesarias y lógicas en el medio urbano están prohibidas en estas zonas marginales. Tampoco los terrenos agrícolas han mejorado con posibles nuevos regadíos, con concentraciones y reconcentraciones, con ayudas para legalizar las explotaciones agrícolas y ganaderas. Es decir, inversiones demandadas desde el sector y que año tras año han caído en saco roto en las consejerías o ministerios pertinentes.
Cada vez el sector agrícola o ganadero tiene menos peso político porque somos menos. Cada vez nuestras decisiones y peticiones se tienen menos en cuenta porque suponemos menos votos. Cada vez nuestras reivindicaciones son menos atendidas. Los políticos saben perfectamente que con los votos del campo no se ganan unas elecciones, pero sin ellos se pueden perder. Y por ello, el ministro a la cabeza y todos los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas, prefieren que agricultores y ganaderos votemos y luego ellos, así libremente, hacer lo que quieran. Pero desde luego, el sector debe reaccionar ante esta incertidumbre a la que nos tienen sometidos las instituciones con esa indecisión y esa pasividad ante los problemas. El sector debe exigir que nuestros pueblos y nuestras comarcas dejen la precariedad en la que están sumidas, y que los profesionales de la agricultura pasemos de la oscuridad de esta PAC que nos perjudica, a la claridad y libertad que nunca debieran haber perdido, para poder desarrollar su trabajo adecuadamente. Y para ello tenemos que conseguir, como pide ASAJA, el desacoplamiento total de las ayudas y la aplicación inmediata de la nueva PAC.
