ASAJA confía en que se frenen unos robos que “causan graves pérdidas económicas y atemorizan a la población rural”
Responsables de ASAJA de Castilla y León han asistido esta mañana a la presentación del Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas, el conocido como “Plan Roca”, reunión en la que la que se ha confirmado que las nueve provincias de la Comunidad Autónoma contarán con equipos específicos para atajar los robos en explotaciones.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha presidido una reunión en la que han participado las organizaciones profesionales agrarias, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FEMP) y por supuesto los principales responsables de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, encabezados por Jesús Gayoso, Comandante del Estado Mayor.
Así pues, han confirmado que cada provincia contará con su propio “Equipo de Lucha contra el Robo en el Campo (ROCA)” –dos en el caso de la más castigada, Valladolid– constituidos por cinco agentes especializados en investigar estos robos. Además, esta estructura contará con el apoyo de todas las unidades de la Guardia Civil, tanto los cuarteles habituales como los equipos de tráfico y del Seprona, para estrechar el cerco a este tipo de delincuencia, creciente en el medio rural.
El delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a los afectados por estos robos a que “denuncien siempre, y también a que alerten a la Guardia Civil ante cualquier sospecha de infracción o delito en el campo”. Paralelamente, los responsables de la Benemérita han pedido a los agricultores y ganaderos que “en la medida de lo posible sean celosos y prudentes a la hora de proteger sus propiedades, poner las cosas lo más difíciles posibles a los ladrones”.
Este reforzamiento del control de la Guardia Civil afectará también a las empresas que comprar chatarra, a las que también se hará un seguimiento por parte de Hacienda.
ASAJA valora estas medidas positivamente, medidas que lleva reclamando desde hace ya varios años, y confía en que, sumadas a la recientemente aprobada modificación del Código Penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y castigar especialmente la reincidencia, logren frenar un problema “que está provocando enormes pérdidas económicas y, lo que aún es peor, está causando que muchos habitantes de nuestro medio rural vivan con miedo”.
