Salamanca y Valladolid protagonizan dos repartos gratuitos de 21 toneladas, dentro de la campaña para denunciar el precio ridículo que cobran los productores

ASAJA Castilla y León inició el pasado mes de agosto una campaña de movilizaciones, mediante el reparto gratuito de 21 toneladas de patatas en Salamanca y Valladolid, para expresar su apoyo a los productores de este tubérculo, que han visto cómo se registran injustificadas bajadas de los precios, que no repercuten en el consumidor, hasta alcanzar una cifra ridícula que oscila entre los 0,’5 y 0’07 euros por kilogramo. La creación de una Interprofesión que vele por los intereses del sector se presenta ahora imprescindible para evitar las crisis cíclicas que padece este cultivo.

Unos 21.000 kilogramos de patatas -12.000 en Salamanca y 9.000 en Valladolid- fueron repartidos por ASAJACastilla y León como inicio de una campaña de movilizaciones para denunciar la grave situación que atraviesa el sector de la patata y para exigir a las administraciones nacional y autonómica que tomen medidas para mejorar la situación de los cultivadores.
Escalonar en lo posible la salida de patata al mercado y participar en cooperativas de comercialización son dos de las medidas que la Organización defiende para vertebrar y equilibrar a un sector siempre a merced de subidas y bajadas de precios.
El precio que el consumidor paga en el mercado por la patata nada tiene que ver con el que percibe el productor que es, en muchos casos, una cantidad ridícula. Por ejemplo, el agricultor vende la variedad ‘jaerla’ entre 0,05 y 0,06 euros/kilo y la patata de lavado a 0’09 euros/kilo, mientras los precios de mercado se mantienen entre 0,30 y 0,40 euros/kilo. Esto significa que los canales de distribución obtienen entre 0,25 y 0,33 euros por kilogramo, casi un 80 por ciento del precio de venta al público. Los intermediarios se quedan con la ganancia y no repercute ni en un mayor beneficio para el agricultor ni en una bajada de precio para el consumidor.
La situación que se plantea este año en Castilla y León está marcada por el hecho de que actualmente existe una gran cantidad de patata almacenada en otras regiones que recogen el tubérculo antes. De esta forma, esa producción entra en competencia con la patata que se está arrancando en estas fechas y esto repercute negativamente en el precio que el agricultor recibe por su producción. A esto hay que añadir la entrada de patata de terceros países (en especial desde Bélgica y Francia), sin que el Gobierno español ponga traba alguna.
En cambio, el Gobierno, que se preocupó mucho por tomar una serie de medidas entre los meses de enero y marzo, cuando el precio de la patata fue uno de los principales factores que contribuyó a elevar el IPC, en estos momentos en los que el agricultor percibe una cifra ridícula mientras el beneficio para el intermediario se dispara, mira hacia otro lado y se despreocupa de tomar medidas que puedan corregir esta situación.

SUPERFICIE SEMBRADA

En Castilla y León se han sembrado este año 27.350 hectáreas, frente a las 26.470 de la anterior campaña, y son Valladolid (6.400 hectáreas), Salamanca (6.170) y Burgos (5.000) las que mayor superficie dedican. Le siguen León (3.400), Segovia (2.700), Zamora (1.250), Ávila (1.040), Palencia (1.000) y Soria (390). El cultivador de patata tiene un coste medio por hectárea entre 3.000 y 3.600 euros y la situación actual supone unas pérdidas entre 600 y 1.200 euros por hectárea.
Desde ASAJA pedimos, como principales medidas para mejorar la situación del sector, un apoyo decidido a los cultivadores que patata por parte de las administraciones, que deben impulsar la necesaria regulación del sector, la planificación de los cultivos y el escalonamiento de la recogida.
Las administraciones también deben incrementar los controles fitosanitarios del producto para dificultar la entrada de patata de terceros países y, si la situación actual se mantiene, establecer una serie de medidas fiscales de apoyo al cultivador, así como poner en marcha campañas de apoyo al consumo.
Una vez más, se evidencia la falta de estructuración de este sector, que carece en la Unión Europea de Organización Común del Mercado, y que tampoco tiene una Interprofesional que lo regulen el ámbito nacional. En este sentido, ASAJA entiende que es esencial que los productores se agrupen en cooperativas o fórmulas que les permitan organizar la comercialización.
Aproximadamente, el 35 por ciento de la producción patatera de la región está dentro de cooperativas, por lo que la ASAJA considera que una medida positiva para regular el mercado y estabilizar los precios sería que la Consejería apostase más decididamente por las ayudas al almacenamiento dirigidas a estas sociedades y a las agrupaciones de productores en general.

LA JUNTA ASUME LAS PROPUESTAS DE ASAJA

Los primeros pasos que se han dado para corregir el problema se dieron el pasado 8 de agosto, en una reunión de ASAJA con el Director General de Producción Agropecuaria de la Junta, Juan José Lozano, quien se comprometió a asumir como propias las propuestas planteadas por esta organización con el fin de defender a los productores de patata de la región y tratar de erradicar las subidas y bajadas de precios.
Estas medidas son, entre otras, las de favorecer la creación de una Interprofesional, apostar por las ayudas al almacenamiento y dar un toque de atención sobre la necesidad de que el sector cooperativo esté unido a la hora de comercializar el producto. Los acuerdos con ASAJA se ratificaron el día 21 de agosto en la reunión del Consejo Regional Agrario, donde el consejero de Agricultura, José Valín, además de apoyar la creación de una Interprofesional, anunció que ha propuesto al Ministerio el almacenamiento de 100.000 toneladas de patatas, con una ayuda a los productores de 0,01 euros por kilogramo y mes de inmovilización, con el fin de evitar la acumulación de la oferta y, por lo tanto la caída en picado de los precios.
El Consejo acordó, también a propuesta de ASAJA, la creación de una mesa regional de estudio de mercado y de producción que permita un mejor control de la siembra en Castilla y León, así como la búsqueda de factores complementarios entre las cooperativas de patata de siembra y las de patata de consumo, con el fin de que el sector dependa cada vez menos de la semilla extranjera y ahorrar así costes de siembra.