ASAJA critica que una figura asociativa como es la de titularidades compartidas de las explotaciones agrarias, que ha sido promovida por una Ley e impulsada por todas las políticas agrarias, sea periódicamente torpedeada por las administraciones. Estas situaciones no favorecen el avance de esta figura, que es lento, a pesar de ser Castilla y León la comunidad autónoma que más ha apostado por la titularidad compartida, con 504 parejas, casi la mitad del total nacional.
Después de una década desde la implantación de la figura (la Ley sobre titularidad compartida data de 2011), agricultores y agricultoras se han decidido por esta forma de gestionar las explotaciones cuando han visto ventajas derivadas del desarrollo de la propia Ley, como también ventajas que han ido introduciendo con carácter horizontal distintas administraciones con competencias agrarias. No obstante, el desarrollo normativo ha sido lento, e incluso todavía en la actualidad hay administraciones que no reman en la misma dirección, tal como ha criticado ASAJA en numerosas ocasiones.
Entre las últimas, está la exclusión de algunas entidades locales de participación de pastos a solicitantes que son figuras asociativas sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, ciertas sociedades civiles, y las titularidades compartidas de explotaciones agrarias. En este caso, basaban la decisión en la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas.
Otra situación injusta se da en el viñedo, al no poderse incluir como bien común de la pareja por las incompatibilidades del real Decreto sobre potencial vitícola con la figura de la titularidad compartida. En estos casos, detectados en la provincia de Burgos, se complica enormemente la gestión, puesto que pese a la cotitularidad se les obliga a seguir funcionando como si fueran dos explotaciones distintas -con cuadernos de campo, contabilidad y PAC independientes-, entre otras limitaciones que imposibilitan el avance de la explotación.
Pero no es el único caso, hay más en los que ASAJA trabaja para lograr que estas parejas de agricultores y ganaderos no se vean perjudicadas por la abundante normativa que no contempla la especificidad de las titularidades compartidas y plantea problemas y escollos para el desarrollo de estas explotaciones. Son problemas individuales y complejos, para los que las administraciones no dan respuesta o la retrasan meses o incluso años.
Por ello, desde ASAJA se reclama al Ministerio de Agricultura se atiendan con rapidez estas incongruencias e injusticias que afectan a explotaciones en titularidad compartida, y que además su equipo jurídico revise de forma global la normativa agraria para evitar que estas situaciones de indefensión sigan perjudicando a parejas de agricultores y ganaderos que optan por una figura que precisamente promueve la propia Administración.
Por último, ASAJA hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos y entidades locales menores, para que se aplique coherencia en todas las políticas que redunden en el sector agrario, para que no se perjudique ningún modelo asociativo ya que a todos ellos hay que promocionarlos, y en particular para que no se perjudiquen a las titularidades compartidas que tienen como principal objetivo promover la incorporación de la mujer al campo y a la toma de decisiones empresariales.
