La organización agraria ASAJA de Castilla y León le pide a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que abone ya, y en todo caso antes de que finalice la legislatura, las ayudas solicitadas por los agricultores y ganaderos para cubrir los intereses de los préstamos solicitados con motivo de la sequía del año 2017.
Estas ayudas para bonificar intereses se convocaron con la Orden de 5 de septiembre de 2018 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con un presupuesto estimado de 10,7 millones de euros para las anualidades de 2018 a 2023.
Los préstamos que están generando estos intereses subvencionables se suscribieron al amparo de la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio, siendo esta la medida estrella del Gobierno regional para hacer frente a la crisis del sector primario con motivo de la sequía que arrasó las cosechas y los pastos en el año 2017. En su momento ASAJA criticó estas ayudas porque no estaban a la altura de las circunstancias, dado la catastrófica campaña agroganadera de ese año. Además, los apoyos se enmarcaron en la línea de préstamos SAECA, como cualquier campaña, simplemente ampliando el presupuesto para poder llegar a más gente, pero con los mismos problemas y limitaciones, por lo que a miles de agricultores no se le concedieron por considerar la empresa pública SAECA que no aportaban garantías suficientes para afrontar los préstamos. Además, y tal como denunció la OPA, muchas entidades financieras exigieron condiciones para formalizar los préstamos por encima de las que figuraban en el convenio que habían suscrito con la Junta de Castilla y León.
ASAJA considera que, si bien la Junta por lo general es diligente en el pago de las ayudas que provienen de fondos europeos, no lo es en igual medida cuando se trata de hacer efectivos los pocos compromisos económicos que cuelgan de presupuesto propio del Gobierno regional, como este caso que nos ocupa. Dadas las fechas en las que nos encontramos, todo parece indicar que la Junta comunicará a los beneficiarios la subvención que le ha concedido en pleno periodo electoral, retrasando a su conveniencia sus obligaciones de pagar el dinero que debe.
