El aseguramiento languidece, tras el último recorte del apoyo del ministerio a líneas ganaderas clave como la recogida de cadáveres de porcino y aves.
ASAJA de Castilla y León ha pedido a Agroseguro y a las administraciones competentes, Ministerio y Consejería de Agricultura, que den los pasos necesarios para evitar que languidezca el sistema de seguros agrarios de nuestro país, “durante mucho tiempo ejemplo de cobertura en toda Europa, y en los últimos años en franco abandono”. Para la organización agraria, es vital que haya “un replantamiento global” por parte de las administraciones que permita que remonte el aseguramiento, ya que en las condiciones actuales “cada día son más agricultores y ganaderos los que abandonan pólizas más caras de asumir que el riesgo de pérdidas de producción que deben cubrir”.
Si el año pasado era la desaparición de la subvención que la Junta de Castilla y León aportaba para estos seguros, este año ha sido el desligamiento progresivo del Ministerio de Agricultura. El último mazazo ha llegado este mes de junio, al aplicarse por Madrid reducciones del 40 por ciento en el apoyo que daban al seguro por retirada de cadáveres en ovino, reducción que supera el 70 por ciento en el caso del porcino y hasta un 84 por ciento para la avicultura, porcentajes que disparan los costes en las numerosas granjas ganaderas de la Comunidad Autónoma, especialmente en las de sistemas intensivos de producción.
Ahora que los recortes son un hecho y que la “sequía presupuestaria” de las administraciones hace prever que se mantendrán en el tiempo, ASAJA pide a Agroseguro y las administraciones “que se replanteen el sistema en su conjunto y valoren cualquier cambio que pueda repercutir en que el coste del seguro sea asumible para los ganaderos”. Entre otros puntos, ASAJA recuerda que hoy por hoy “resulta inconcebible que la administración obligue al ganadero a participar de un sistema de recogida de cadáveres en manos privadas y que encima, en la práctica, que lo manejen empresas en régimen de monopolio”. La OPA denuncia que el ganadero “no tenga más opción que aceptar sí o sí los precios y condiciones de la empresa que domina en su provincia, lo que rompe los principios del libre mercado e impide conseguir unas condiciones más favorables”.
Aunque los recortes del apoyo público han afectado a todas las líneas de seguros agropecuarios, ASAJA entiende que cuando se trata de pólizas como la de la recogida de cadáveres, que cubren una contingencia imprescindible y obligada, “las administraciones deben dar una respuesta rápida”. A modo de ejemplo y solo considerando el porcino, en Castilla y León cada año el volumen de estos animales muertos que han de ser retirados en las granjas sumarían cerca de 3.000 toneladas, que han de ser gestionadas a un coste soportable para el ganadero.
