ASAJA de Castilla y León ha manifestado su estupefacción tras conocerse que la Comisión Europea ha dictaminado que la bonificación de los préstamos concedidos por el Gobierno español en el año 2000 para paliar la subida del gasóleo es incompatib
Esto supondría que cerca de 22.000 agricultores y ganaderos de la región tendrían que devolver los intereses sufragados por la Administración, algo que en ningún caso admite ASAJA. “No se trata tanto de la cantidad, por otro lado irrisoria, porque los préstamos concedidos fueron mínimos, si no del escarnio que supondría para los profesionales que ahora el Gobierno venga con las rebajas a recaudar lo que en su día repartió a regañadientes”, señala la organización agraria, que recuerda que ya resultó bastante decepcionante para los agricultores que sólo se concediera la quinta parte de los préstamos solicitados (12.140 millones de pesetas aprobados, en lugar de los 72.671 pedidos).
Si se cumple lo expresado por la Comisión, y dado que el préstamo medio concedido fue de unos 3.000 euros (aprox. 500.000 pesetas), cada agricultor se vería obligado a devolver cerca de 90 euros (15.000 pesetas) por año transcurrido. “No es tanto la cuantía de esta posible devolución como la desfachatez de un gesto que difícilmente podrían entender los agricultores, que tienen muy presente la sangría económica que supusieron las subidas de combustible “, afirma ASAJA.
Por fortuna, la Comisión ha decidido que el resto de medidas fiscales aprobadas a raíz del acuerdo entre los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda y organizaciones y cooperativas agrarias no constituyen ayuda, y son por tanto compatibles con el mercado común. Entre ellas, estaba la principal, la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuyos beneficios sigue recibiendo el sector. Igualmente, se respetan otras medidas fiscales a favor de las cooperativas agropecuarias y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los ejercicios 2000 y 2001.
